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16 oct. 2006

El riesgo populista Por Silvio Rendon

En la toma de decisiones empresariales es crucial formar una expectativa acertada sobre el contexto macroeconómico, más aún en un país de alta inestabilidad potencial como el Perú. Las empresas destinan ingentes recursos para informarse, desde la información más común, obtenida, por ejemplo, en revistas especializadas, hasta la información privada que sólo se obtiene a través de contactos de negocios o personales.

Estamos ante un nuevo gobierno que ha dado diversas señales de responsabilidad en el manejo económico. Ha marcado sus distancias con las políticas abiertamente populistas de hace veinte años, por lo que no se espera repetir la debacle de fines de los ochentas. Estas señales positivas han sido resaltadas adecuadamente por diversos medios, a la vez que bienvenidas por los agentes económicos. Sin embargo, hay también diversas señales negativas que se vienen dando, y dada la trayectoria de García y su partido, no se puede descartar del todo que se recaiga en esquemas populistas. Es un tanto aguafiestas señalar estos aspectos, pero a la vez absolutamente necesario.

Hace veinte años García comenzó su administración con diversos programas de apoyo a las pequeñas empresas, centrados especialmente en el crédito. Era algo positivo para las pequeñas empresas, siempre sujetas a problemas de liquidez. Sin embargo, las malas políticas económicas llevaron a una crisis que hizo que muchas empresas, pequeñas y grandes, dejaran de existir. Siguiendo esta experiencia, una pequeña empresa no sólo debe concentrarse en las políticas sectoriales, sino hacer también un cuidadoso seguimiento de la política económica en general. En el presente artículo mencionaremos cinco señales relacionadas con la política económica a las que toca prestar atención.

La primera es el anuncio de una expansión fiscal, llamada “shock de inversión”. Hay recursos y se gasta. Esta señal ha sido relativamente bien recibida por la prensa económica. Sin embargo, contrasta con la señal de austeridad en los sueldos del aparato del estado. Por un lado, es interesante señalar que a pesar de la imagen de responsabilidad fiscal, estemos ante anuncios de expansiones del gasto. Por el otro y más profundamente, el problema con este tipo de política es que tiene un efecto adictivo en el gobernante, a quien le suele costar después volver al nivel normal de gasto. Una vez que se crea inercia para seguir gastando es difícil pararla.

La segunda es el posible copamiento del aparato del estado por el partido de gobierno. Es verdad que cada partido pone a su gente en el aparato estatal, pero el país, lamentablemente, tiene una cantidad relativamente limitada de cuadros técnicos. Poner a políticos en vez de técnicos indica que la administración pública no será todo lo eficiente que debería ser, con los consecuentes costos para todos los contribuyentes. Usualmente los primeros ministerios en ser copados por los militantes del partido de gobierno son los ministerios “sociales”, como educación, salud, trabajo y otras entidades públicas. En consecuencia, estamos ante una ineficiencia en llevar a cabo políticas sociales, tan requeridas en un país pobre con situaciones por momentos explosivas.

La tercera señal a despejarse concierne a la política monetaria. Al igual que en el Ministerio de Economía, en el Banco Central se ha dado una señal de prudencia a través del nombramiento de directores. Paralelamente, sin embargo, se da una señal de partidismo y falta de criterio técnico al otorgar cuotas políticas en el nombramiento de directores. Una política monetaria coherente con una sola cabeza, un criterio de manejo y con un perfil bajo, es lo mejor para un país. Sin embargo, no se está apuntando a nada parecido a este óptimo, sino a todo lo contrario: un Banco Central variopinto, politizado y con alta visibilidad mediática. Si esto se confirmara, sería una mala señal.

La cuarta señal es la política gubernamental respecto a las grandes empresas, en particular, a las mineras y a las de telecomunicaciones. En ambos casos, se ha ejercido presión anunciando unilateralmente cambios ante el gran público, en la campaña electoral, en el mensaje de toma de mando o desde el Congreso, con lo cual se han creado expectativas de cambio. Sin embargo, a estos anuncios han seguido negociaciones con estas empresas donde se moderan y recortan los anuncios iniciales, lo cual crea frustración y desconfianza. Hay un marco jurídico que restringe la acción del gobierno, pero éste trata de estirarlo, proponiendo (casi imponiendo) “contribuciones voluntarias” a las empresas mineras o modificaciones a los contratos a una compañía de teléfonos. No es esta la forma de afrontar una renegociación. El público como las empresas en cuestión apreciaría más transparencia y coherencia en las acciones del gobierno y más claridad en los anuncios y objetivos. Cuando se tienen dos discursos, uno para las plazas públicas y otro para el manejo económico, o uno para el Congreso y otro para la Presidencia, se alimenta la desconfianza de los agentes económicos. Es un estilo que evoca a la confiscación de los certificados en dólares o al intento de estatización de la banca por el primer gobierno de García.

Finalmente, se nos viene un contexto internacional desfavorable, sobre el cual, como economía pequeña en el contexto mundial, poco se puede hacer, más que tomar precauciones. Paradójicamente, en este punto, para lo poco que se puede hacer, el Ministerio de Economía ha sido muy acertado en informar al público y abrir líneas de crédito internacional. Sin embargo, aquí también toca prestar atención, pues exagerar sobre las condiciones externas adversas puede ser utilizado para disculpar errores e ineficiencias en política económica. Es muy fácil para los políticos evitar sus responsabilidades inculpando al contexto internacional.

Estas señales son todavía incipientes. Al fin y al cabo, el gobierno es reciente y tiene todavía mucho que definir. No obstante, dada la experiencia de hace veinte años, el público tiene que estar muy alerta y no reaccionar cuando sea demasiado tarde. Una buena política económica no sólo es el resultado de un gobierno con capacidad de gestión pública, sino también de una activa opinión pública que fiscaliza todos los pasos que da el gobierno.

(Escrito para una publicación dedicada a las pequeñas empresas).

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