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31 ene. 2007

Respuesta a Jorge Frisancho Por Daniel Salas

Jorge, a quien considero mi amigo a la distancia a quien no veo desde el año 90, si no me falla la memoria (y que se ha convertido así en, digamos, una suerte de “pen pal” con quien no me escribo) ha escrito una interesante respuesta al post sobre la columna de Augusto Álvarez en Perú 21. La tesis de Jorge consiste en que afirmar exactamente lo contrario a lo que sostuvo el director de Perú 21. Tengo que decir que le veo a las afirmaciones de Jorge varios problemas.

En primer lugar, hay que entender el tipo de lesión jurídica que significa la violación de los derechos humanos. Esta, a diferencia de otras, no se define por el acto sino por el agente. Los derechos humanos solamente pueden ser violados por agentes del Estado. Si el Estado, a través de un funcionario, te quita tu propiedad o te tortura, eso constituye una violación a tus derechos humanos. Si lo hace cualquier otro agente, se trata de un delito (por más serio que fuera) y nada más. En otras palabras: el carterista que le roba a una señora no está propiamente violando los derechos humanos de esa mujer; está cometiendo un robo y punto. La gravedad especial que reviste un robo cometido por el Estado se halla en el hecho de que el Estado es el supuesto defensor de la legalidad. Para controlar este poder (y no el de los delincuentes comunes), hemos creado la doctrina de los derechos humanos.

Por eso yo siempre he encontrado absurdo el reclamo según el cual las organizaciones de derechos humanos no dicen nada sobre las violaciones cometidas por Sendero Luminoso o el MRTA. En este reclamo hay un malentendido y una trampa muy peligrosa: los delincuentes comunes cometen delitos comunes y han de recibir no solamente la sanción social sino también la sanción penal que les corresponde. No hay mucho más qué decir al respecto. La trampa a la que me refiero (y que muchos no ven o no quieren ver) es que si le atribuimos a Sendero o al MRTA la capacidad de cometer violaciones a los derechos humanos los convertimos en agentes jurídicamente equivalentes al Estado peruano, es decir, estamos dándoles la categoría de fuerzas beligerantes, obligadas a cumplir la convención de Ginebra pero también protegidas por ella. La doctrina en el Perú ha sido (y debe ser) que la subversión debe mantenerse en la categoría de delito común. Los senderistas y los emerretistas son criminales y punto.

Una vez dilucidado el carácter de la lesión, podemos ver que el asunto no es que los derechos humanos sean de izquierda y no de derecha. El asunto es que la derecha ha estado siempre en el poder, salvo durante el régimen del general Velasco. Ello explica que la derecha haya estado poco interesada en la defensa de estos derechos: a quien está en el poder le conviene ejercerlo hasta donde pueda. Ello explica también que la defensa de estos derechos haya estado mayoritariamente en el sector de las izquierdas. Es obvio que el señalamiento de este tipo de crímenes cuestiona la legitimidad del Estado y de quienes lo conducen.

No veo claro que el temperamento de la izquierda y de la derecha en este aspecto haya sido consistente.

Por el lado de la extrema izquierda, es obvio que si hubieran llegado al poder se habrían convertido en el gobierno más claramente enemigo de los derechos humanos. Por el lado de las izquierdas legales, hay una innegable tradición de tibieza y hasta de negación respecto de las violaciones a los DDHH en Cuba, China, la Unión Soviética, etc. Nuevamente, esta actitud se explica porque el dilema principal es quién está en el poder. Las izquierdas planteaban que los Estados revolucionarios padecían un estado de excepción (una excepción que se hacía permanente) que explicaba la represión en nombre de un fin superior. Y claramente, en el lamentable episodio del intento de estatización de la banca, buena parte de la izquierda se sumó a esta aberración que implicaba una violación al derecho de propiedad. Hay que recordarles a los derechistas que los DDHH no solamente se refieren a asesinatos y torturas de subversivos o sospechosos de subversivos. Lo que me lleva a señalar la incoherencia de la derecha.

En efecto, por el lado de la derecha, la inconsistencia se muestra en una fuerte ceguera: por un lado, piden la salida del Perú de la CIDH, pero se olvidan de que, en caso de que en el Perú apareciera un Chávez, los empresarios expropiados y los periodistas censurados no tendrían a quién recurrir fuera del Perú. La derecha, además, suele señalar (y con razón) los crímenes cometidos por las autocracias comunistas, pero se hace la vista gorda respecto de las autocracias derechistas.

El llamado de Augusto Álvarez me parece lleno de sentido. La idea es crear un consenso político que supere estas inconsistencias que dañan el pacto social. Si queremos que el respeto a los derechos humanos sea universal, debemos verlo bajo una óptica también principista y universal. Colocarlo como una reivindicación de izquierda es un error (porque es falso y peligroso). Yo creo que hay que contribuir a que este consenso sea posible a fin de tener presidentes como Álvaro Uribe, que van hasta Costa Rica a saludar a la Corte y a reconocer plenamente su competencia. El interés debe centrarse en la defensa de la persona humana.

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