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5 jun. 2008

Gratuidad de la enseñanza 2 Por Silvio Rendon

Había comentado en Gratuidad de la enseñanza sobre el proyecto de la congresista Hildebrandt en relación a la selección adversa y el peligro que tal proyecto acabe por atentar contra la educación de los más pobres:
Se ha debido comenzar por el tema de garantizarle becas a los estudiantes de menores ingresos. Reafirmar el compromiso con que la educación sea gratuita para quien no la puede pagar, antes que abrir las puertas para la privatización en un tema tan delicado como el de la educación. Por como y quienes lo han dicho, aparece como si eliminar la gratuidad de la enseñanza para "los niños ricos" (que en realidad es una clase media venida a menos) y eliminar el medio pasaje para los estudiantes de universidades privadas fuera un primer paso. Se crea así el temor a que finalmente sí se afecte a los más pobres.
Veamos ahora el asunto desde el punto de vista de quienes tendrán que pagar, que supuestamente serían numerosos y que por su "falta de pago" se estaría produciendo un "sobrepastoreo" de los escasos recursos de la universidad pública. Se aplica aquí la simple ley de la demanda: si algo es más caro, compro menos. Es decir, un aumento del costo de la educación para los padres de familia implicará una reducción de la asistencia a la universidad pública. Los padres que se esforzaron por enviar a sus hijos a algún colegio privado no tendrán el respiro de que sus hijos tengan educación superior gratuita, pues tendrían que pagar. Claro, esto es si la unidad de análisis son los padres. Si se piensa en los estudiantes como unidades independientes de los padres, el esquema es inviable. Muchos estudiantes tienen que trabajar para mantenerse. Ahora, si vinieron de colegios privados, tendrían que trabajar para mantenerse y para pagar su educación. No suena. Por donde se mire, el efecto previsible de esta medida es que el sector de la clase media que asiste a las universidades públicas deje de hacerlo. Y más aún el aumento del precio de la educación, bien elástico, implicaría una importante caída del alumnado de ese sector y por lo tanto una caída en los ingresos económicos de la universidad, en nombre de los cuales están adoptando esta medida. Contraproducente. Añadamos lo dicho anteriormente, que se está poniendo en riesgo la educación de los más pobres, y el asunto no pinta bien.

Por otro lado, si alguien puede y tiene que pagar, tal vez su elección educativa no sea la universidad pública, sino alguna de las muchas universidades-empresa que surgieron durante la época de Fujimori. Esta demanda educativa se desplazará hacia el mercado educativo privado, que se verá impulsado por esta medida. Curiosamente, quienes vienen impulsando este proyecto son precisamente las congresistas fujimoristas. La ley de Say decía que la oferta crea su propia demanda. Pues en este caso parece que así sucede, sólo que intermediada por una intervención política...

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