"Ley Pease": ¿tope y fuga? Por Silvio Rendon

[Artículo aparecido en Gestión el Miércoles, 17 de enero de 2007]


La promulgación de la Ley 28212 que fija topes remunerativos en la administración pública ha generado una serie de reacciones. Por un lado, sobre todo en la prensa, se habla de efectos negativos por la fuga de talentos que ésta generaría. Por otro lado, sobre todo en las calles, se habla de una “burocracia dorada” que percibiría sueldos demasiado altos. Ambos enfoques tienen una parte de verdad. Para tener una idea adecuada de los efectos de dicha ley es necesaria una visión de conjunto. En tal sentido, debemos considerar a tres segmentos de la administración pública que se verían afectados por la ley:
1. Segmento que no se ve afectado inmediatamente. Gana menos que su tope y no le afecta inmediatamente al cheque mensual. Sin embargo, este sector puede anticipar que su patrón de aumento salarial en la carrera pública se ha visto truncado y comenzar a tantear posibilidades laborales alternativas.
2. Segmento afectado inmediatamente de bajo valor de mercado. Este segmento gana más que su tope, pero sus oportunidades de ingreso no son mejores fuera del sector público. Este sector se queda en su puesto. De hecho la ley va contra este segmento, el que que recibe salarios por encima de su valor de mercado.
3. Segmento afectado inmediatamente de alto valor de mercado. Este segmento gana más que su tope, pero como sus oportunidades de ingreso son mayores fuera del sector público, se va. Este es el efecto perverso del cual hablan los detractores de la ley: este segmento es reemplazado por personal de menor calificación con lo que baja el nivel de calificación en el aparato estatal.
En el Perú el mercado no acaba de funcionar bien: es imperfecto, oscuro. El aparato estatal acaba siendo una gran fuente de ingreso para mucha gente, incluso para aquella que predica a favor de la empresa privada. El comportamiento prebendario, mercantilista en jerga liberal, consistente en otorgar altos sueldos sin consideraciones de rendimiento y sí por consideraciones partidarias, es masivo. Y tampoco es que la empresa privada peruana, de baja productividad en el contexto mundial, pueda pagar mucho más a los profesionales capacitados. La gran competencia para el sector público (¡y privado!) no está dentro del país, sino en el mercado profesional internacional.

Toca analizar y cuantificar, pues habrá de los tres efectos. El primer efecto será negativo a la larga y se necesitará más tiempo para evaluarlo. Los dos siguientes son los efectos inmediatos. Reconociendo que habrá de los dos, ¿cuál esperamos que sea mayor? ¿Hay más gente por encima del tope de alto o de bajo valor de mercado? Es lo que algunos colegas llamarían un "experimento natural". Claro, el tema es que el valor de mercado de cada persona es una variable no observable para el realizador de política. Sin embargo, si las autoridades públicas recolectaran la información del número de funcionarios afectados, sus calificaciones, su historia laboral (perfil de salarios y cargos detentados), y se registrara lo que ocurra con ellos después de la entrada en vigor de la ley, se podría hacer una evaluación de impacto. Como grupo de control, se podría tomar al segmento 1., que no se ve afectado inmediatamente.

Los resultados de esta investigación ex post bien podrían darnos que el efecto fuga total no sería tan grande: algunos desplazamientos, pero no una gran estampida. En realidad, la autoridad pública debería tener hecho un análisis de escenarios antes de intervenir y cambiar el statu quo. Eso, por supuesto, es el caso si lo quieren hacer seriamente. En estos momentos si juzgamos sólo por las reacciones observadas, nos equivocaremos y sesgaremos nuestra imagen hacia el efecto fuga, pues obviamente, los del segmento 2 hablan como si en realidad estuvieran en el segmento 3. Los sobrepagados tienen voces con eco en la prensa. Como hay información asimétrica, exageran su valor de mercado y se quejan del tope en nombre de los efectivos negativos que éste traería al país. Los subpagados con oportunidades simplemente se van ganar más a otros empleos. No necesitan hacer tanto estruendo. Mientras los mecanismos de mercado son silenciosos, los mecanismos prebendarios son ruidosos. Una política pública debe descontar el efecto riesgo moral (moral hazard) previo a la ejecución de una intervención. De hecho, quienes se quejan en voz alta señalizan ser unos limones (según explicara el premio Nóbel de economía George Akerloff) ,es decir, revelan que en realidad sí están siendo sobrepagados.

Como toda intervención pública, esta medida está sujeta a errores de tipo 1 y de tipo 2. El primero en este caso sería rechazar a la persona correcta y es el efecto fuga que preocupa a un sector de la prensa; y, efectivamente, nos debería preocupar a todos, pues queremos una administración pública eficiente. El segundo es contratar a la persona equivocada, es decir, retener a una persona de bajo valor de mercado sobrepagándole; lo que también nos debería preocupar a todos, pues no queremos desperdiciar el dinero de los contribuyentes. Lamentablemente, cuando la política pública se hace sin selectividad, a rajatabla, con generalizaciones infundadas, sin estudios de base, este tipo de errores lejos de minimizarse se hacen más frecuentes.

Nota: Más sobre este tema apareció antes en lenguaje algo más informal en este blog:

• Topes remunerativos y efecto fuga,
• Topes remunerativos y efecto fuga (II) y
• Fuga en la administración pública

Para el/la lector/a interesado..