Topes remunerativos y efecto fuga Por Silvio Rendon
Leo en Perú 21:
Toca analizar y cuantificar, pues habrá de los tres efectos. El primer efecto será negativo a la larga y se necesitará más tiempo para evaluarlo. Los dos siguientes son los efectos inmediatos. Reconociendo que habrá de los dos, ¿cuál esperamos que sea mayor? ¿Hay más gente por encima del tope de alto o de bajo valor de mercado? Es lo que algunos colegas llamarían un "experimento natural". Claro, el tema es que el valor de mercado de cada persona es una variable no observable. Sin embargo, si las autoridades públicas recolectaran la información del número de funcionarios afectados, sus cualificaciones, su historia laboral (perfil de salarios y cargos detentados), y se registrara lo que ocurra con ellos después de la entrada en vigor de la ley, se podría hacer una evaluación de impacto. Como grupo de control, se podría tomar al segmento 1., que no se ve afectado inmediatamente.
Los resultados de esta investigación ex post bien podrían darnos que el efecto fuga total no sería tan grande: algunos desplazamientos, pero no una gran estampida. En realidad, la autoridad pública debería tener hecho un análisis de escenarios antes de meter mano. Eso, por supuesto, es el caso si lo quieren hacer seriamente. En estos momentos si juzgamos sólo por las reacciones observadas, nos equivocaremos y sesgaremos nuestra imagen hacia el efecto fuga, pues obviamente, los del segmento 2 hablan como si en realidad estuvieran en el segmento 3. Exageran su valor de mercado. Una política pública debe descontar el efecto riesgo moral (moral hazard) previo a la ejecución de una intervención.
Alguna vez una persona amiga me comentaba sobre la eterna "reforma del estado" y los/as funcionarios(as)/consultores(as) encargados/as de llevarla a cabo. Su reacción ante estas personas era decirles: "Reforma del estado es que te bajen el sueldo, pues ganas mucho más de lo que produces". Muchas de estas personas sobre-pagadas tienen voces con eco en la prensa y se quejan del tope en nombre del país. Los subpagados con oportunidades simplemente se van ganar más a otros empleos. No necesitan hacer tanto estruendo. Mientras los mecanismos de mercado son silenciosos, los mecanismos prebendarios son ruidosos (pase de taquito de GA). Además, y no parecen darse cuenta de ello, quienes se quejan en voz alta señalizan ser unos limones (ver algo de esto en The Market for Lemons). He ahí el riesgo moral.
Lamentablemente, al parecer se trata de un una ley general inflexible, donde no se incluyen consideraciones cruciales como el valor de mercado de un/a profesional. Se trata de pagarle según el valor de mercado. Se debería incluso subir el sueldo a quienes ganan poco, que haberlos haylos. Como toda intervención pública, está sujeta a errores de tipo 1 y de tipo 2. El primero en este caso sería rechazar a la persona correcta y es el efecto fuga que preocupa a un sector de la prensa (y, efectivamente, nos debería preocupar a todos, pues queremos una administración pública eficiente). El segundo es contratar a la persona equivocada, es decir, retener a una persona de bajo valor de mercado a punta de pagarle más (que también nos debería preocupar a todos, pues no queremos desperdiciar recursos de los contribuyentes en pagar a alguien por encima de su valor). Cuando la política pública se hace sin selectividad, a rajatabla, con generalizaciones infundadas, sin estudios de base, lejos de minimizar este tipo de errores se los acentúa. Lamentable.
Finalmente, insistiré en que este tipo de intervenciones crean un río revuelto que refuerza la lógica del copamiento. Lo he dicho antes:
Técnicos se alejarían del Estado por topes en sueldosEn este mismo medio Jorge Toyama sostiene:
Los topes para las remuneraciones del sector público que se aplicarán desde enero tendrán algunos efectos negativos. Si bien toda medida que busca el ahorro es bienvenida, más aun si se trata de recursos del Estado, en el caso de la Ley 28212, conocida como 'Ley Pease' -que fija límites en los sueldos de la administración pública-, no se habrían medido bien todas las consecuencias.
Jorge Toyama*: Técnicos mueven el Estadoy antes en Correo a Cecilia Blume:
Y si la máxima autoridad de cada instancia tiene un tope de S/.15,600, el sueldo del segundo será menor; de los terceros en jerarquía, mucho menor, y así sucesivamente. En ese contexto, el riesgo de la fuga es real pues, a nivel de técnicos calificados, los sueldos del sector público dejarían de ser competitivos en relación con los de la actividad privada. Hay cargos especializados, que no son de índole política, que exigen hasta dos maestrías en el exterior o doctorados que, sin duda, cuestan mucho dinero conseguirlos.
El poder de la negociaciónComentario: Toca distinguir. Lo he señalado anteriormente. Hay algunos segmentos en que se da esta situación:
Quiero resaltar que la negociación con Telefónica no hubiera sido posible de no tener un equipo como el del MTC, formado por funcionarios públicos de carrera. La mal llamada “burocracia dorada” ha logrado para el país millones de soles en beneficios. En cualquier empresa privada, ellos hubieran sido recompensados con un bono por éxito. En el Estado se les ha reducido los sueldos a la mitad, sin perspectiva de mejoras ni en el largo plazo. Hoy se están yendo los funcionarios públicos de la capa que recibía mayores ingresos al sector privado, que les reconoce experiencia, capacidad y los remunera en base a esfuerzo. Los ciudadanos debemos exigir un número de funcionarios bien remunerados que defienda los derechos de la mayoría, como en este caso.
La reducción de sueldos no funciona, porque estos técnicos tienen oportunidades alternativas que les pagan más. De hecho los sueldos que tienen son relativamente bajos. Así de sencillo. Bajenles los sueldos y se van.En cambio hay otros con la siguiente figura:
La descentralización del BCR
En el gobierno de Fujimori la administración pública fue relanzada. Se atrajo a una generación joven de recién egresados universitarios con relativamente buenos sueldos. Estos profesionales no es que tuvieran alternativas de empleo mucho mejores en el sector privado. Todo lo contrario, eran peores y en algunos casos, mucho peores. Así, se relanzó SUNAT, SUNAD, reguladoras, ministerios, etc., etc. Atrás quedaba la década del ochenta cuando la administración pública vio sus salarios venirse a pique.Entonces, ya puestos a analizarlo en serio, tenemos tres segmentos a considerar:
El nuevo BCR (2)
- Segmento que no se ve afectado inmediatamente. Gana menos que su tope y no le afecta inmediatamente al cheque mensual. Sin embargo, este sector puede anticipar que su patrón de aumento salarial en la carrera pública se ha visto truncado y comenzar a tantear posibilidades alternativas.
- Segmento afectado inmediatamente de bajo valor de mercado. Este segmento gana más que su tope, pero sus oportunidades de ingreso no son mejores fuera del sector público. Este sector se queda y la aguanta. De hecho la ley va contra este segmento que recibe salarios por encima de su valor de mercado.
- Segmento afectado inmediatamente de alto valor de mercado. Este segmento gana más que su tope, pero como sus oportunidades de ingreso son mayores fuera del sector público, se va. Este es el efecto más perverso del cual hablan los detractores de la ley.
Toca analizar y cuantificar, pues habrá de los tres efectos. El primer efecto será negativo a la larga y se necesitará más tiempo para evaluarlo. Los dos siguientes son los efectos inmediatos. Reconociendo que habrá de los dos, ¿cuál esperamos que sea mayor? ¿Hay más gente por encima del tope de alto o de bajo valor de mercado? Es lo que algunos colegas llamarían un "experimento natural". Claro, el tema es que el valor de mercado de cada persona es una variable no observable. Sin embargo, si las autoridades públicas recolectaran la información del número de funcionarios afectados, sus cualificaciones, su historia laboral (perfil de salarios y cargos detentados), y se registrara lo que ocurra con ellos después de la entrada en vigor de la ley, se podría hacer una evaluación de impacto. Como grupo de control, se podría tomar al segmento 1., que no se ve afectado inmediatamente.
Los resultados de esta investigación ex post bien podrían darnos que el efecto fuga total no sería tan grande: algunos desplazamientos, pero no una gran estampida. En realidad, la autoridad pública debería tener hecho un análisis de escenarios antes de meter mano. Eso, por supuesto, es el caso si lo quieren hacer seriamente. En estos momentos si juzgamos sólo por las reacciones observadas, nos equivocaremos y sesgaremos nuestra imagen hacia el efecto fuga, pues obviamente, los del segmento 2 hablan como si en realidad estuvieran en el segmento 3. Exageran su valor de mercado. Una política pública debe descontar el efecto riesgo moral (moral hazard) previo a la ejecución de una intervención.
Alguna vez una persona amiga me comentaba sobre la eterna "reforma del estado" y los/as funcionarios(as)/consultores(as) encargados/as de llevarla a cabo. Su reacción ante estas personas era decirles: "Reforma del estado es que te bajen el sueldo, pues ganas mucho más de lo que produces". Muchas de estas personas sobre-pagadas tienen voces con eco en la prensa y se quejan del tope en nombre del país. Los subpagados con oportunidades simplemente se van ganar más a otros empleos. No necesitan hacer tanto estruendo. Mientras los mecanismos de mercado son silenciosos, los mecanismos prebendarios son ruidosos (pase de taquito de GA). Además, y no parecen darse cuenta de ello, quienes se quejan en voz alta señalizan ser unos limones (ver algo de esto en The Market for Lemons). He ahí el riesgo moral.
Lamentablemente, al parecer se trata de un una ley general inflexible, donde no se incluyen consideraciones cruciales como el valor de mercado de un/a profesional. Se trata de pagarle según el valor de mercado. Se debería incluso subir el sueldo a quienes ganan poco, que haberlos haylos. Como toda intervención pública, está sujeta a errores de tipo 1 y de tipo 2. El primero en este caso sería rechazar a la persona correcta y es el efecto fuga que preocupa a un sector de la prensa (y, efectivamente, nos debería preocupar a todos, pues queremos una administración pública eficiente). El segundo es contratar a la persona equivocada, es decir, retener a una persona de bajo valor de mercado a punta de pagarle más (que también nos debería preocupar a todos, pues no queremos desperdiciar recursos de los contribuyentes en pagar a alguien por encima de su valor). Cuando la política pública se hace sin selectividad, a rajatabla, con generalizaciones infundadas, sin estudios de base, lejos de minimizar este tipo de errores se los acentúa. Lamentable.
Finalmente, insistiré en que este tipo de intervenciones crean un río revuelto que refuerza la lógica del copamiento. Lo he dicho antes:
Es fácil hacer austeridad con los salarios de otros. Esto facilita el copamiento del estado por parte del partido en el gobierno. Una persona menos capaz y con menor costo de oportunidad puede encontrar apetecible el puesto de trabajo de una persona capacitada. Lo que estaría mirando el "austero" García no sería ahorrarle dinero al contribuyente, sino poner a su gente. Cuando no...Ojalá que me equivoque.
El nuevo BCR (2)
Etiquetas: Economía
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