La vivienda de los trabajadores y el FONAVI Por Miguel Tejada

Las urbes europeas y norteamericanas que conocemos son el producto de la (re)construcción de postguerra. Hasta los 1940s, en la mayoría de las ciudades europeas la población obrera vivía apiñada en ratoneras sin servicios, construidas por los especuladores urbanos en el momento de la explosiva expansión urbana que acompañó la primera y segunda revolución industrial. Las condiciones de vida de los obreros están magníficamente representadas en novelas (“Los Miserables”, “Berlin Alexanderplatz”, las de Dickens) o en los films del expresionismo alemán (“Metrópolis”, etc.). Las casas comunales no fueron un invento soviético, sino las ccondiciones de vida de muchos trabajadores europeos hasta mediados del siglo 20. al igual que los servicios comunes a varios apartamentos (baños, duchas, fregaderos, etc.).

Todo empieza a cambiar en Europa con la reconstrucción iniciada tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se reconstruyen las ciudades destruidas así como los antiguos barrios obreros aun en pie, conservándose sólo las fachadas pero cambiando completamente la estructura interna de las viviendas. Las poblaciones obreras son expulsadas de los centros urbanos a los bloques de apartamentos, los edificios multifamiliares suburbanos, recuperando las élites el control de los centros urbanos.

En algunos casos, la “recuperación” de los centros urbanos no vendrá sino hasta los 1960s (el Marais en París) e incluso hasta comienzos de los 1990s (Barcelona, Sevilla), cuando los estados destruyen-construyen barrios enteros de la ciudad en el marco de grandes obras públicas (Centro Pompidou o La Defense en París, Barcelona para las Olimpiadas y Sevilla para el Quinto Centenario).

El Proyecto del Estado de Bienestar peleado por los trabajadores europeos impulsó programas estatales masivos de vivienda social, con alquileres muy bajos, que les permitió por primera vez a muchos obreros acceder a condiciones habitacionales dignas.

En el caso norteamericano, desde la época del New Deal y gracias a los lobbies de las automotrices, el modelo estuvo orientado a la construcción de viviendas unifamiliares en extensos suburbios, hacia los que se trasladó la población trabajadora de la época. Los centros de muchas ciudades fueron abandonados a nuevos migrantes internos (negros desde el sur rural profundo), y externos, generándose un modelo en el cual los habitantes exitosos de los centros emigraban a los suburbios apenas sus condiciones económicas se los permitían, dando paso a las nuevas olas de migrantes. En este proceso tuvo un papel central los sistemas de subsidio hipotecario estatal (Fannie Mae, etc.). Subsidios directos e indirectos estatales ayudaron a esta migración a los outer suburbia vía la construcción de sistemas de autopistas, tax breaks para malls, etc.

En cualquier caso, en la segunda mitad del siglo 20 en los estados de los países desarrollados hubo importantes programas estatales que de una u otra manera ayudaron a solucionar los más apremiantes problemas de vivienda que ellos afrontaban. Si vemos el caso asiático, en los desarrollados (Singapur, Taiwan, Japón, etc.), el papel del estado también fue determinante en la solución de los problemas de vivienda.

¿Qué ha hecho el estado peruano para solucionar los problemas de vivienda en los últimos cincuenta años? Más allá del negociado de las invasiones, condonada populistamente a falta de políticas de vivienda, no se ha hecho nada. Excepto, por supuesto, sustraer millones de dólares de los sueldos de los trabajadores con el cuento de crear un fondo de vivienda, dinero utilizado finalmente para sostener los gastos estatales.

Deben los trabajadores peruanos resignarse a vivir en barrios sin servicios o con servicios deficientes, sin áreas verdes ni de recreación? No es que en las sociedades capitalistas no se pueda solucionar mínimamente el problema de la vivienda. En Singapur, por ejemplo, desde 1960 el estado ha contado con un programa de construcción de viviendas de alquiler, en las cuales vive actualmente más del 80% de los 6 millones de habitantes de la isla-estado, en condiciones bastante mejores que las de los edificios de MiVivienda, por ejemplo.

Los trabajadores peruanos tiene derecho a que el Estado proporcione soluciones a los problemas de vivienda, o a que se les devuelva el dinero que les fue sustraído para ese propósito y malversado en otros fines.