Un error funesto Por Gonzalo Gamio
La negativa del Parlamento Europeo al pedido de incluir al MRTA en la lista de organizaciones terroristas ha desencadenado una ola de indignación en el país. Resulta profundamente decepcionante que esta decisión haya sido aparentemente tomada luego de recibir una carta, firmada por Francisco Soberón y Miguel Jugo, directivos de APRODEH. En dicha carta se sostiene que "no se debe sobredimensionar la existencia y actividad de un grupo como el MRTA, algo que puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo". El documento señala que "desde hace 8 años no se conocen actividades del MRTA, sus principales dirigentes están en prisión, algunos cumplieron sus penas y decenas se encuentran desvinculados viviendo en muchos lugares del mundo"[1].
Vayamos por partes. Es cierto que hoy impera en el Perú la criminalización de la protesta. Los campesinos que manifiestan públicamente su posición frente al caso Majaz, o los ciudadanos peruanos que asisten a reuniones políticas en la Casa de la Cultura de Quito pueden convertirse en acusados de terrorismo o ser víctimas de detenciones arbitrarias (el caso de Melissa Patiño y de Carmen Azparrent son los casos más sonados, pero no son los únicos). Tales acusaciones y detenciones están a la orden del día y cuentan con un soporte mediático escasamente responsable (por ejemplo, el lamentable “informe” de César Hildebrandt Chávez). Es cierto también que el brazo militar del MRTA está básicamente vencido y desactivado. Sin embargo, no es cierto que el grupo terrorista haya desaparecido del todo. Aun opera “políticamente” en la web, y – hasta donde se sabe - trabaja en un nivel "ideológico" en otros países. Polay ha renunciado a la prédica de la “lucha armada” – y cuenta con el respaldo de políticos apristas en actividad, como el controvertido y pintoresco Javier Valle Riestra o incluso Armando Villanueva, un líder histórico del partido de gobierno -, pero resulta precipitado declarar ‘oficialmente muerto’ al MRTA. Que se trataba de un grupo terrorista particularmente sanguinario y cruel, no cabe la menor duda. Tanto las crónicas de la época como el propio Informe Final de la CVR ponen de manifiesto la entraña criminal del MRTA, evidenciada en la práctica del secuestro sistemático y el homicidio (Conclusiones 34 y 35). Es cierto que APRODEH no niega tal condición, pero su sugerencia expresa limita de facto el control que pueda establecerse sobre este grupo delictivo en tierras europeas.
Pero el efecto de esta carta de APRODEH puede ser realmente funesto para la lucha por los Derechos Humanos en el país. Refuerza la tesis conservadora y fujimorista – difamatoria y notoriamente falsa – de que los organismos de Derechos Humanos protegen a los grupos terroristas. Esa es la idea que congresistas próximos al fujimorismo como Giampietri y Raffo han querido transmitir desde el inicio de la administración García. Esta situación echa más leña al fuego del odio - generado entre la “clase política” y los diarios de ultraderecha – contra los sectores progresistas al interior de la sociedad civil. Finalmente, endurece las políticas de represión; se espera una mayor criminalización de la protesta, y más detenciones arbitrarias en un corto plazo. Ya políticos jurásicos como Flores Aráoz o el propio Giampietri han señalado que todo esto es consecuencia del Fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la medida que propiciaba el control de APCI sobre las ONG.
Se viene una nueva ola macartista en los fueros políticos, y esta vez es posible que asuma mayor virulencia tanto en las posiciones del gobierno como en los sectores autoritarios; lamentablemente, la Dirección de APRODEH ha propiciado esta gravísima situación con esta propuesta tan insensata y discutible. Ya la Coordinadora de Derechos Humanos ha cuestionado severamente este monumental despropósito. Es cierto que en el pasado APRODEH ha realizado una importante labor en materia de promoción y defensa de los Derechos Humanos – han pasado por allí activistas de la talla de Eduardo Cáceres, y hoy cuanta con la presencia de espíritus agudos y notables como Wilfredo Ardito, cuyo trabajo constituye un auténtico baluarte en la lucha contra el racismo -; no obstante, esta decisión de sus directivos ha sido desafortunada y deplorable. De acuerdo con las sabias enseñanzas de la tragedia griega, la falta de lucidez constituía la fuente del fracaso de los seres humanos en cuanto al logro de sus aspiraciones y convicciones. La situación que comentamos constituye un clarísimo caso de hybris. Esperemos que la conciencia de este error lleve a esta importante institución por el camino de la rectificación, y que estas circunstancias no perjudiquen sustancialmente la lucha por los Derechos Humanos, cuyo éxito resulta indispensable para la auténtica democratización del país. Lo que es indudable es que esta penosa coyuntura será aprovechada al máximo por los enemigos de esta importante causa.
Etiquetas: Derechos Humanos, ONGs, Parlamento Europeo, Sociedad civil
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