El reciente terremoto del Sur chico Por Silvio Rendon

Y digo reciente terremoto porque si bien éste ocurrió hace ya cinco meses, el 15 de agosto de 2007, por el avance de la reconstrucción pareciera que hubiera ocurrido sólo hace algunos días.

Si nos guiaramos por las versiones oficiales (por ejemplo, por este artículo de Enrique Cornejo) uno pensaría que Pisco está en un vigoroso proceso de reconstrucción: obras por todas partes, maquinarias, gente trabajando, etc. Otra es la realidad: no hay obras, las pocas que hay las hace la gente con recursos propios. Las promesas que se hicieron no se están cumpliendo. Las demoras han sido evidentemente muy largas y no se ve cuándo el proceso de reconstrucción se podría acelerar (ver Forsur y Banmat al Congreso por demora en reconstrucción de Ica).

La política del gobierno central ha consistido en ofrecer a la población dos opciones:

- un bono de 6000 soles para comprar materiales, de los cuales se podía destinar sólo 10% a mano de obra, o

- el acceso a un módulo de fibrablok prefabricado de 20m2 construído por el Ministerio de Vivienda

Los portavoces gubernamentales han resaltado que con esto se da libertad de elegir a los damnnificados. Verlo en:

Banmat inicia entrega de bonos a damnificados de Pisco

El tema es que con este sistema se continúa con la autoconstrucción y la mano de obra poco calificada, o medianamente calificada. No se tendrá técnicos de la construcción que supervisen las obras a tiempo completo. Y en el caso de las prefabricadas, pues al poco tiempo, cuando finalmente estén disponibles para la población, como esta y es pobre y no hay recursos para el mantenimiento éstas estarán completamente deterioradas.

Al político populista no le importa dar soluciones de largo plazo a los problemas. Le importa los anuncios y la popularidad. Lo que se ve como política de reconstrucción hereda la improvisación y desorden de la política de emergencia frente a la catástrofe. Es la continuación de la misma política con otros medios.

Antes de la catástrofe, se anunció un shock de inversiones. Se suponía que en el país estábamos pasando de una economía estancada a una economía dinámica en que se crearía infraestructura productiva y habría un salto en diversos rubros como salud, educación, carreteras, etc. Hay recursos para invertir, pero no había proyectos. Hay una catástrofe en el sur chico. Pues bien, se esperaría que dado que hay recursos se tuviera, y si no inmediatamente sí después de cinco meses, una gran política de inversión en la zona, un verdadero "shock de reconstrucción". Estamos hablando de una región que hasta hace poco se consideraba que tenía casi pleno empleo, una región dinámica, activa. De repente hay una gran desorganización y desesperanza. ¿Qué ha pasado? El país sigue creciendo y se quería que este crecimiento llegue a los más pobres. Ahora se reconstruye la misma pobreza que había antes del terremoto. No suena.

El gobierno nombra como reconstructores a un grupo de empresarios, asociados con intereses privados, que no son funcionarios públicos y sólo responden ante la Presidencia de la República del Consejo de Ministros (iba a ser de la República, pero lo cambiaron para ahorrarle responsabilidades a García): el FORSUR. Pero claro, estos agentes económicos manejan recursos públicos. Surge la pregunta obvia: ¿quién se encarga el control administrativo de estos agentes? Claro, inmediatamente después del terremoto surgió el conflicto entre el FORSUR y las autoridades regionales. Estrictamente, a estas últimas les tocaba responder. El tema es que durante la emergencia, ¿dónde estuvieron? ¿Quién fue el Giuliani pisqueño o iqueño que estuviera con la población afectada inmediatamente después de la tragedia? Definitivamente, no estuvieron a la altura. Pero a la población damnificada le importa poco qué autoridad es la que falla (y menos que se peleen entre sí - ver Entrega de bonos a damnificados del sur depende de gobiernos locales), si es que todas fallan. Necesitan algo que funcione.

Y a medida que pasa el tiempo van surgiendo nuevos problemas. Realizan una licitación para adjudicar las obras, se presentaron once propuestas de las cuales cuatro cumplían con todos los requisitos (*). De esas cuatro se adjudica los trabajos a dos empresas. Pero resulta que estas dos no tienen experiencia ni solvencia económica. Resultado: los trabajadores que son subcontratistas (algo prohibido por las bases) dejan los trabajos a medias porque .... no les están pagando sus salarios. Y una cosa trae la otra: estos trabajadores impagos se han llevado los materiales a cuenta de este pago y han desarmado lo que habían avanzado.

La pregunta del millón: ¿cómo pueden adjudicar ocho millones quinientos mil nuevos soles (8`500,000.00 nuevos soles) a empresas que no ofrecen ninguna garantía? ¿Quién controla y quién supervisa? Pues gracias a esta negligencia no hay módulos y los damnificados siguen esperando. Una improvisación, una arbitrariedad, lleva a la otra y el problema se sigue agravando. Así, no hay reconstrucción y menos crecimiento, sólo despilfarro de recursos.


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(*) Ver más en:

“SIN TECHO PROPIO” REPORTAJE SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONAS AFECTADAS POR SISMO

Un reportaje de “Cuarto Poder” presentó un informe sobre el abandono en el que se encuentran las obras de construcción de módulos de viviendas para los damnificados por el sismo del pasado 15 de agosto en la región Ica. Se informó que la licitación convocada por el Ministerio de Vivienda y Construcción fue ganada por las empresas “Asunción Constructores Generales” e “Inversiones y Constructora SINALCE” dos empresas casi informales que ganaron la licitación por montos ascendentes a ocho millones y tres millones 500 mil nuevos soles respectivamente. Sin embargo estas empresas no cumplieron con la construcción de los módulos y encima subcontrataron con otras empresas que facilitaron el personal obrero y los materiales de construcción, pero debido a la falta de seriedad, se quedó adeudando el salario a los obreros, los cuales paralizaron las obras y se llevaron los materiales. Por su parte, el ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, quien estaba a cargo del despacho de Vivienda y Construcción cuando se realizó dicha licitación, indicó que fueron once empresas las que se presentaron sus propuestas, de las cuales quedaron finalmente cuatro que fueron visitadas por un equipo del Ministerio que las declaró aptas para el proceso. El responsable directo de la licitación fue Edmundo Esquivel, jefe de la OGA de la mencionada cartera, el cual indicó que se eligió a estas empresas porque presentaron los precios más bajos. Finalmente, las dos empresas se asociaron para realizar las obras, sin embargo estas se encuentran paralizadas hasta el momento, perjudicando a cientos de familias afectadas por el sismo. El ministro Garrido Lecca, aseveró que, de haber incurrido en irregularidades, estas dos empresas serán sancionadas y denunciadas ante el Consucode.

Eligieron a dos empresas "porque presentaron precios más bajos", pero no verificaron si estas empresas podían cumplir con esos precios. Eligieron mal.






Lugar donde estaba la comisaría de Pisco. A cinco meses del terremoto no se reconstruye. No se está realizando ninguna obra en ella. Si así está la comisaría, en plena plaza de armas. ¿Cómo estarán los otros edificios públicos? Y si así están los edificios públicos, ¿qué puede esperar la población?

Fotos tomadas el 23 de enero de 2008. Cortesía de XY1



Comisaría de Pisco. Todo provisional. En casetas. ¿Se puede trabajar bien así?




Edificio al costado de donde estaba la comisaría de Pisco..





Así está Pisco. Tal cual...



Módulos de vivienda prefabricados.

Armazón y modelo terminado




El Chaco. Muelle destruído. Sin embargo, como se puede apreciar ampliando la imagen, los turistas siguen llegando y usando el muelle destruído y todo para zarpar en lancha a ver los leones marinos en las Islas Ballestas, el "Candelabro", "la Catedral" destruída....

(Hacer click en las imágenes para ampliarlas)

El cuento del liberalismo económico: CEMEX y el Banco Azteca Por Giovanna Aguilar

Desde que la rebaja arancelaria decretada por el gobierno, el pasado mes, puso a flote lío del cemento y los actores que están involucrados en el (los empresarios cementeros peruanos, en particular Cementos Lima, la transnacional mexicana CEMEX y el gobierno), me quedé pensando en que el asunto no era sencillamente algo relacionado con la competencia en un libre mercado sino que hay algo más detrás de lo que aparentemente es una cuestión de política comercial que afecta la competencia entre empresas. Y es que hay algo que huele a mal.

El conflicto viene de antes de la rebaja arancelaria del 13 de octubre en la que se incluyó al cemento importado. Como lo informa Expreso y Luis Alberto Chávez, esta historia tiene ya algunos años y está pareciéndose a una novela de mafia y corrupción. Los productores nacionales de cemento han denunciado que la entrada al mercado de la cementera mexicana CEMEX obedece a una venganza debido a la negativa de Cementos Lima de retirarse del mercado estadounidense, donde CEMEX opera. La denuncia indica que CEMEX habría entrado al mercado peruano ejerciendo precios dumping por lo que la Asociación de Productores Nacionales (ASOCEM) habría denunciado, en agosto de este año, a CEMEX ante el INDECOPI. Según lo refieren las fuentes citadas y el propio comunicado de Cementos Lima emitido poco después de la rebaja de aranceles, el objetivo de CEMEX sería arruinar a Cementos Lima en el mercado local, para luego comprarla y hacerse del mercado interno y de paso deshacerse de ella en el mercado gringo.

Pues bueno, en este lío hay varias cosas que comentar.

Efectivamente, se trata de un conflicto entre dos empresas, una nacional y otra extranjera por el mercado de cemento no sólo local sino también por una parte del estadounidense. Hasta ahí digamos, que todo parecería natural en un mundo globalizado como el actual donde la competencia por mercados se da a nivel mundial. Sin embargo, la cosa no termina con eso, pues en medio de todo esto va trasluciéndose algo que si me parece grave. Y es la extraña participación del gobierno en todo esto.

Que la rebaja arancelaria haya incluido al cemento en un contexto en el que ya se venían dando las denuncias de prácticas anticompetitivas ejercidas por CEMEX llama tremendamente la atención. El gobierno, a través del propio Presidente García Pérez y del Ministro de Vivienda Garrido Lecca ha respondido a los cementeros nacionales diciéndoles que todo esto beneficiará la competencia en el sector y por tanto a los consumidores finales y que no deben “quejarse” por la política económica que el gobierno está desarrollando.¿Qué hace que el gobierno intervenga de esta manera en una situación como la denunciada por ASOCEM, con el argumento de que hay que promover la competencia, el libre mercado para beneficio de todos?. Sospecho que aquí hay un negocio entre el gobierno y CEMEX que envuelve prácticas corruptas de un lado y del otro.

CEMEX es una empresa mexicana de propiedad de uno de los 11 hombres más poderosos de México: Lorenzo Zambrano.

En este libro del periodista Jorge Zepeda Patterson Los amos de México, tal como lo señala el diario El Universal de México, se da cuenta de las características del accionar de estos empresarios: prácticas empresariales que hacen que los políticos mexicanos se subordinen a sus intereses. Obviamente debe estar hablándose de prácticas corruptas, prebendarias, ejercidas por estos empresarios y que muy bien podrían estar siendo exportadas ahora, desde México al Perú a través de Lorenzo Zambrano y su CEMEX. El Perú estaría siendo terreno fértil para este tipo de accionar con un gobierno como el del APRA que ya ha dado muestras de que le entra a la corrupción sin mayores reparos. Pero, ¿cuál es el negocio que estaría produciéndose detrás?, ¿será acaso la reconstrucción del sur?.

La participación del gobierno en este asunto, con la rebaja “discriminada” de aranceles, las declaraciones del presidente y del Ministro de Vivienda y con el traslado del ministro Garrido Lecca supuestamente, para acelerar a la burocracia desde allá y echar a andar el proceso, son sospechosas. Pero hay un dato más, que haría todavía más sospechosa la participación del ministro Garrido Lecca en este conflicto. Se trata de la denuncia hecha por el ex-Ministro de Vivienda Carlos Bruce quien afirmó que el Banco Azteca, (banco mexicano, propietario de las tiendas Elektra y que en breve comenzará a operar en nuestro país), habría pagado a Garrido Lecca comisiones por conseguir que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) le otorgue el permiso de funcionamiento en tiempo récord. El ministro se defendió con poca credibilidad pues es conocido que entre el y el dueño del Banco Azteca hay una amistad que data de años anteriores a la participación de Garrido Lecca en el actual gobierno, según las declaraciones del propio vicepresidente del consejo de administración del Banco Azteca, Luis Niño de Rivera.

En el caso del Banco Azteca las autoridades también han justificado su entrada al mercado financiero nacional apelando a la mayor competencia que se generaría como consecuencia de la entrada de este nuevo intermediario financiero y la consiguiente reducción en las tasas de interés para los consumidores.

En este caso como en del cemento, no se trataría entonces de la existencia de una sana intención de incentivar la libre competencia con la eliminación de aranceles, o dejando que otras empresas entren a competir en el sector cementero o financiero sino del ejercicio de prácticas corruptas de los gobernantes locales y de empresarios extranjeros disfrazadas de liberalismo económico. ¿Será que este gobierno ha encontrado una nueva forma de ejercer la corrupción a la que está muy acostumbrado y nos está vendiendo el cuento de que todo esto es para incentivar el libre mercado a fin de beneficiar al consumidor peruano?. No pues, no se trataría de un triunfo del liberalismo como quieren hacer creer, sino un triunfo de la corrupción, esta vez, disfrazada de sensata política económica.

Hay que prestar atención sobre esto, pues de ser ciertas estas sospechas, estaríamos ante una situación grave y seria en la que nuestro país estaría entrando al mercado de la corrupción ejercida por empresas extranjeras (acostumbradas a tener "operadores" de alto vuelo a nivel de ministros) con la complicidad del gobierno.