Contribución a la crítica de la conflictología apolítica Por Silvio Rendon
En los tiempos que corren se tiende a ver los evidentemente diferentes conflictos sociales bajo una óptica particular, la de apagarlos lo más rápido/de la mejor manera posible y que dejen de interrumpir la tranquilidad que se debería vivir. Sentar en la mesa a las partes y llevarlas a acuerdos. Una especie de tribunal de la Haya nacional que resuelva los problemas locales.
Así, la Universidad Católica tiene desde hace poco un Centro de Prevención y Resolución de Conflictos, dirigido por el hermano del actual rector. Se dedica a formar negociadores, árbitros y conciliadores de conflictos (ver tarifas aquí y "materias conciliables" aquí). Así, la resolución de conflictos se ha convertido en una actividad económica en sí. Seguramente hay más instituciones dedicadas a esta industria (1).
En este post y en No es sólo el paro analizaba la dinámica de los conflictos sociales en el país. Gracias a la Defensoría del Pueblo, aquí, tenemos documentación mensual de los conflictos: número, tipo, duración, etapa de solución, localización, etc. Surgen especialistas con Modelos para entender los conflictos sociales que inmediatamente se aplican a los "moqueguazos" que emergen en las diversas zonas del país.
Tener un enfoque sectorial y conciliatorio, que siente a las partes a la mesa no está nada mal. Es un avance sobre el enfoque del avestruz de no querer ver los conflictos y llegar tarde, sólo después de que éstos acaban en hechos violentos para a lo más formar una "comisión investigadora" de lo ocurrido (como las inefectivas comisiones investigadoras creadas durante las tres últimas décadas). Aquí se sienta a las partes antes y se llega algo más temprano, mas no lo suficientemente temprano para que se trate de una acción efectiva.
Un negociador-conflictólogo llega cuando el conflicto ya ha estatallado, cuando ya está la gente bloqueando carreteras, en huelga, protestando en las calles. Es un administrador de una crisis que nunca debió ocurrir. Algo, a un nivel mucho más alto que la autoridad del negociador, se hizo mal y es ese algo lo que el negociador usualmente no puede modificar.
Así por ejemplo, los diversos conflictos producidos por la contaminación minera tienen su origen en una falta de regulación, una falta de contrapeso público a la actividad contaminante privada, política decidida a nivel presidencial. Alan García durante su campaña prometió tomar medidas contra la minería contaminante (ver Alan García, el agitador), específicamente contra la contaminación de Yanacocha. Sin embargo, una vez en el gobierno, Alan García apoyó decididamente a las mineras contaminantes, figurando incluso en una publicidad televisiva de Yanacocha, fustigando la misma posición política y social que él mismo sostuviera durante la campaña electoral (ver Video-debate sobre Yanacocha). En este caso, ¿qué margen de acción puede tener un negociador una vez que estallan las protestas? Para comenzar, una vez que se traiciona el voto popular, queda en manos de los traicionados el protestar. En vez de ser el gobierno el que esté en falta son los ciudadanos que depositaron su confianza en el gobernante los que tienen que movilizarse y ser tildados de "revoltosos". La protesta es vista como el problema en sí, y lo que se quiere es apagar la protesta, cuando en realidad la protesta es una manifestación de un problema mayor. Así, mientras la ciudadanía no protesta no hay conflictólogo que sea enviado a intermediar nada, pues no hay conflicto alguno. Así, cuando la ciudadanía protesta, su acción queda inmediatamente patologizada como un comportamiento a resolver: los ciudadanos que protestan están "frustrados", "con bronca", hay que ver quién y cómo los organizó, los factores detonantes, la forma de la protesta, etc. Definitivamente, son aspectos a considerar en un análisis, pero ¿y la traición al voto popular? Lo lógico hubiera sido comenzar por patologizar al gobernante, pues es él quien está en falta, parcializándose con los sectores empresariales mineros, dando lugar a una crisis del sistema democrático. Ahí no llega la conflictología. Es mejor ver al país como una yuxtaposición de conflictos desvinculados que erupcionan como chupos en diversas partes del país, con un manejo especializado según el tema. Un asunto de especialistas, muy al estilo de lo que se dijo cuando hubo la masacre de periodistas en Uchuraccay: "ahí va la comisión investigadora con un equipo de antropólogos especializados, que hablan el idioma de los pobladores". Enfoque muy a pelo para perder de vista a una política antisubversiva consistente en animar a los ciudadanos a matar a los insurgentes. Mejor quedarse en hechos puntuales, fragmentados, fortuitos, específicos, sin denominador común con otros fenómenos vistos en otros lugares del país.
Poco puede hacer un negociador, por más experto que sea, cuando no tiene mandato. El hecho en sí de enviar a alguien a calmar las cosas sólo cuando ya se ha producido un estallido de protesta, ya es expresión de haber descuidado un problema. Quiere decir que el sistema democrático no está funcionando. La institución democrática está ahí para dar cauce a las demandas ciudadanas. Un sistema que se desencauza hacia el conflicto es un sistema que tiene que cambiar.
Esta realidad es percibida por los ciudadanos que acaban por reaccionar en forma mucho más enardecida. "Queremos negociar con el dueño del circo, no con los payasos", dijeron en la última gran protesta amazónica, cuando el gobierno les envió al ministro Brack Egg, que no tenía autoridad alguna para derogar la "ley de la selva". Una vez que los ciudadanos se han dado el trabajo de tomar una acción de fuerza, ¿por qué conformarse con menos que una derogación de una ley? No es lógico pensar que ofrecerles menos que eso logre apaciguarlos. Bragg Egg puede haber estado listo para "negociar", acaso rodeado de negociadores y especialistas en conflictología, pero, como vimos, con muy poco margen de aplicación para su ciencia. En realidad, el sistema democrático está ahí para funcionar y que los cauces democráticos sean usados. La mejor conflictología es poner en acción al sistema democrático.
Desde luego, el enfoque aporta y es mejor tener una actitud de diálogo y de conciliación cuando un conflicto desborda el cauce democrático. Ni modo. Sin embargo, hay que poner las cosas en su lugar. Un nutricionista puede ayudar a optimizar el consumo de alimentos de una familia pobre, pero estará sujeto a los límites que imponen los bajos ingresos. No puede ir más allá. Un enfoque criminalístico aplicado a un proceso de insurgencia puede aportar valiosas técnicas y consideraciones útiles, pero es limitado frente a un enfoque estratégico militar. El análisis de los conflictos sociales en el Perú actual va más allá de la conflictología y tiene que complementarse decisivamente con un análisis político, mucho más general. Los grandes poderes del estado al igual que el grueso de la ciudadanía tienen que incorporarse a la negociación. El gran conflicto en el país es el desvirtuado "pacto social" que el gobernante desaira sistemáticamente luego de ganar las elecciones con engaños. ¿Qué "conflictólogo" nos resuelve este gran conflicto, el padre de todos los conflictos?
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(1) En el caso de la Universidad Católica el tema es delicado, pues, por ejemplo, en el caso de los conflictos mineros habría un conflicto de intereses, ya que es una institución que también, según comentaba un/a lector/a, presta servicios de consultoría a las empresas mineras, en particular validando análisis de impacto ambiental, justamente la razón principal de muchos conflictos en el país.
Un ejemplo del enfoque "conflictológico"
Las comunidades como Tambo Grande y Majaz tuvieron otra forma de enfrentar el asunto: en referéndum votaron y rechazaron la presencia de las mineras que les prometían cosas similares....(ver aquí).
Hacer click en la imagen para ver el documento completo.
Así, la Universidad Católica tiene desde hace poco un Centro de Prevención y Resolución de Conflictos, dirigido por el hermano del actual rector. Se dedica a formar negociadores, árbitros y conciliadores de conflictos (ver tarifas aquí y "materias conciliables" aquí). Así, la resolución de conflictos se ha convertido en una actividad económica en sí. Seguramente hay más instituciones dedicadas a esta industria (1).
En este post y en No es sólo el paro analizaba la dinámica de los conflictos sociales en el país. Gracias a la Defensoría del Pueblo, aquí, tenemos documentación mensual de los conflictos: número, tipo, duración, etapa de solución, localización, etc. Surgen especialistas con Modelos para entender los conflictos sociales que inmediatamente se aplican a los "moqueguazos" que emergen en las diversas zonas del país.
Tener un enfoque sectorial y conciliatorio, que siente a las partes a la mesa no está nada mal. Es un avance sobre el enfoque del avestruz de no querer ver los conflictos y llegar tarde, sólo después de que éstos acaban en hechos violentos para a lo más formar una "comisión investigadora" de lo ocurrido (como las inefectivas comisiones investigadoras creadas durante las tres últimas décadas). Aquí se sienta a las partes antes y se llega algo más temprano, mas no lo suficientemente temprano para que se trate de una acción efectiva.
Un negociador-conflictólogo llega cuando el conflicto ya ha estatallado, cuando ya está la gente bloqueando carreteras, en huelga, protestando en las calles. Es un administrador de una crisis que nunca debió ocurrir. Algo, a un nivel mucho más alto que la autoridad del negociador, se hizo mal y es ese algo lo que el negociador usualmente no puede modificar.
Así por ejemplo, los diversos conflictos producidos por la contaminación minera tienen su origen en una falta de regulación, una falta de contrapeso público a la actividad contaminante privada, política decidida a nivel presidencial. Alan García durante su campaña prometió tomar medidas contra la minería contaminante (ver Alan García, el agitador), específicamente contra la contaminación de Yanacocha. Sin embargo, una vez en el gobierno, Alan García apoyó decididamente a las mineras contaminantes, figurando incluso en una publicidad televisiva de Yanacocha, fustigando la misma posición política y social que él mismo sostuviera durante la campaña electoral (ver Video-debate sobre Yanacocha). En este caso, ¿qué margen de acción puede tener un negociador una vez que estallan las protestas? Para comenzar, una vez que se traiciona el voto popular, queda en manos de los traicionados el protestar. En vez de ser el gobierno el que esté en falta son los ciudadanos que depositaron su confianza en el gobernante los que tienen que movilizarse y ser tildados de "revoltosos". La protesta es vista como el problema en sí, y lo que se quiere es apagar la protesta, cuando en realidad la protesta es una manifestación de un problema mayor. Así, mientras la ciudadanía no protesta no hay conflictólogo que sea enviado a intermediar nada, pues no hay conflicto alguno. Así, cuando la ciudadanía protesta, su acción queda inmediatamente patologizada como un comportamiento a resolver: los ciudadanos que protestan están "frustrados", "con bronca", hay que ver quién y cómo los organizó, los factores detonantes, la forma de la protesta, etc. Definitivamente, son aspectos a considerar en un análisis, pero ¿y la traición al voto popular? Lo lógico hubiera sido comenzar por patologizar al gobernante, pues es él quien está en falta, parcializándose con los sectores empresariales mineros, dando lugar a una crisis del sistema democrático. Ahí no llega la conflictología. Es mejor ver al país como una yuxtaposición de conflictos desvinculados que erupcionan como chupos en diversas partes del país, con un manejo especializado según el tema. Un asunto de especialistas, muy al estilo de lo que se dijo cuando hubo la masacre de periodistas en Uchuraccay: "ahí va la comisión investigadora con un equipo de antropólogos especializados, que hablan el idioma de los pobladores". Enfoque muy a pelo para perder de vista a una política antisubversiva consistente en animar a los ciudadanos a matar a los insurgentes. Mejor quedarse en hechos puntuales, fragmentados, fortuitos, específicos, sin denominador común con otros fenómenos vistos en otros lugares del país.
Poco puede hacer un negociador, por más experto que sea, cuando no tiene mandato. El hecho en sí de enviar a alguien a calmar las cosas sólo cuando ya se ha producido un estallido de protesta, ya es expresión de haber descuidado un problema. Quiere decir que el sistema democrático no está funcionando. La institución democrática está ahí para dar cauce a las demandas ciudadanas. Un sistema que se desencauza hacia el conflicto es un sistema que tiene que cambiar.
Esta realidad es percibida por los ciudadanos que acaban por reaccionar en forma mucho más enardecida. "Queremos negociar con el dueño del circo, no con los payasos", dijeron en la última gran protesta amazónica, cuando el gobierno les envió al ministro Brack Egg, que no tenía autoridad alguna para derogar la "ley de la selva". Una vez que los ciudadanos se han dado el trabajo de tomar una acción de fuerza, ¿por qué conformarse con menos que una derogación de una ley? No es lógico pensar que ofrecerles menos que eso logre apaciguarlos. Bragg Egg puede haber estado listo para "negociar", acaso rodeado de negociadores y especialistas en conflictología, pero, como vimos, con muy poco margen de aplicación para su ciencia. En realidad, el sistema democrático está ahí para funcionar y que los cauces democráticos sean usados. La mejor conflictología es poner en acción al sistema democrático.
Desde luego, el enfoque aporta y es mejor tener una actitud de diálogo y de conciliación cuando un conflicto desborda el cauce democrático. Ni modo. Sin embargo, hay que poner las cosas en su lugar. Un nutricionista puede ayudar a optimizar el consumo de alimentos de una familia pobre, pero estará sujeto a los límites que imponen los bajos ingresos. No puede ir más allá. Un enfoque criminalístico aplicado a un proceso de insurgencia puede aportar valiosas técnicas y consideraciones útiles, pero es limitado frente a un enfoque estratégico militar. El análisis de los conflictos sociales en el Perú actual va más allá de la conflictología y tiene que complementarse decisivamente con un análisis político, mucho más general. Los grandes poderes del estado al igual que el grueso de la ciudadanía tienen que incorporarse a la negociación. El gran conflicto en el país es el desvirtuado "pacto social" que el gobernante desaira sistemáticamente luego de ganar las elecciones con engaños. ¿Qué "conflictólogo" nos resuelve este gran conflicto, el padre de todos los conflictos?
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(1) En el caso de la Universidad Católica el tema es delicado, pues, por ejemplo, en el caso de los conflictos mineros habría un conflicto de intereses, ya que es una institución que también, según comentaba un/a lector/a, presta servicios de consultoría a las empresas mineras, en particular validando análisis de impacto ambiental, justamente la razón principal de muchos conflictos en el país.
Un ejemplo del enfoque "conflictológico"
"Como sabemos la mayoría de proyectos extractivos se desarrollan en lugaresAnte la desconfianza y las expectativas se propone respuestas legales, adelanto de beneficios y planes de desarrollo social.
geográficamente alejados de nuestro país, lejanía que se expresa en la ausencia del Estado y en la falta de desarrollo socio/económico de estas zonas.
Las comunidades frente a un Proyecto muestran:
- Desconfianza
- Expectativas"
Las comunidades como Tambo Grande y Majaz tuvieron otra forma de enfrentar el asunto: en referéndum votaron y rechazaron la presencia de las mineras que les prometían cosas similares....(ver aquí).
Hacer click en la imagen para ver el documento completo.
Etiquetas: Conflicto, Corrupción, Gobierno aprista, Perú, Política
escrito por Silvio Rendon, a las 11:31 a. m.
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