Derechos Humanos y humanismo (cívico) Por Gonzalo Gamio

Publicado en Política y Mundo Ordinario. Bosquejos Postliberales

Abstracciones Por Gonzalo Gamio

Publicado en Política y Mundo Ordinario. Bosquejos Postliberales

La ley de la banca y ley de la Selva: Historias paralelas Por Daniel Salas

Una de las mayores alegrías de esta semana ha sido para mí la derogación de la ley de la Selva porque ha demostrado que el pueblo sí tiene poder y sí es capaz de hacerse visible y de frenar los abusos de sus gobernantes.

Ha habido muchos comentarios a favor de este resultado pero me extraña que nadie haya notado la coincidencia con el movimiento contra la estatización de la banca. Los personajes y las motivaciones son muy similares. Sólo espero que los resultados a la larga sean mejores ahora.

En ambos casos, Alan García quiso socializar la propiedad privada de un grupo de ciudadanos. Se trataba de convertir en un bien público lo que era, es y debe ser un bien particular.

También en ambos momentos se trató de un grupo reducido de personas afectadas. En 1987 se decía que no había que preocuparse de lo que les pasara a “cuatro banqueros”. En el 2008 se convertía a los ciudadanos de la selva en “unos pobladores pobres azuzados por los agitadores”.

En 1987, el gobierno y sus voceros establecieron que los banqueros conformaban una oligarquía egoísta, enemiga del desarrollo del Perú. En el 2008 los nativos que se oponen a la socialización de su propiedad son “perros del hortelano” que no ven los “grandes intereses nacionales”.

En 1987 el Parlamento se vio obligado a corregir una osadía del gobierno y los voceros apristas fueron cambiando progresivamente su discurso hasta hacer como que no pasó nada. En el 2008 la tendencia es la misma: el discurso agresivo inicial va cediendo paso a un discurso menos agresivo y más “consensual”.

En 1987 Alan García rompió un televisor cuando un juez aceptó la acción de amparo de los “cuatro banqueros”. En el 2008 Alan García perdió los papeles e insultó al Congreso. En ambos casos el parlamento prefirió hacer lo más sensato y pasarse por alto las amenazas de García; ello porque las presiones ciudadanas eran más fuertes y más razonables que las del presidente.

1987 fue el comienzo del fin del primer gobierno aprista. Alan García quedó debilitado y llevó a su partido a un hundimiento político de 15 años. Hoy Alan García ha quedado nuevamente en la impopularidad debido a su osadía y su enemistad con el diálogo. Su furia ante el fracaso es inocultable. Habiendo sido el responsable por regresar al APRA al escenario electoral, hoy nuevamente es quien lo vuelve a llevar a un periodo de crisis e impopularidad.

En ambos casos, no lo olvidemos, se trató de imponer medidas antiliberales, de afectar los bienes de grupos privados. En ambos casos, también, estas agresiones gubernamentales abrieron viejos resentimientos sociales latentes: en un caso, se fomentó el odio a los ricos y se los culpabilizó de los males del Perú; en otro, se incentivó el desprecio a los “indígenas” y se culpó a su cultura del atraso de nuestro país. Son versiones de la misma teoría de los chivos expiatorios.

Ahora bien, la crisis política producida por el mal gobierno del APRA llevó al autoritarismo de Fujimori. Mi esperanza es que si los apristas aun no han aprendido la lección, al menos el resto de los ciudadanos lo hagamos. Por ahora, yo reafirmo mi entusiasmo y brindo por el respeto a la ciudadanía y por la libertad.

Recuperar la memoria (de verdad) Por Gonzalo Gamio

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Nos obligan a poner bandera Por Susana Frisancho

He puesto un breve comentario sobre el caos en Lima y la "brillante" idea de obligar a la gente a embanderar sus casas para mostrar su civismo, aquí

¿Qué es la Sociedad Civil? Por Gonzalo Gamio

Desde los tiempos de la lucha contra la dictadura y la recuperación de la democracia, el concepto de sociedad civil[1] - así como su rol al interior del régimen republicano - ha cobrado una singular importancia en la discusión pública en el país. En los fueros parlamentarios y ciudadanos, hoy se discute acerca de la necesidad de encontrar alguna forma por la que la sociedad civil pueda estar presente incluso en las comisiones de reforma del Poder Judicial o en la formación de eventuales “consejos de ética” que supervisen la actuación de los medios de comunicación o los poderes del Estado. Por otro lado, se asocia fuertemente el concepto de sociedad civil con los espacios ordinarios de participación directa del ciudadano común en los debates públicos y en el diseño de programas sociales y políticos. Se dice – y creo que con toda razón – que en nuestro tiempo podemos identificar una sociedad como realmente democrática en la medida en que cuente con una sociedad civil organizada.

En la historia de la filosofía política occidental, por “sociedad civil” se ha entendido tres cosas diferentes, que es preciso no confundir (como se ha hecho, por desgracia, muchas veces[2]). Inicialmente, societas civilis constituía la expresión latina para traducir koinonía politiké (comunidad política), concepto utilizado por Aristóteles y otros pensadores griegos de la vida pública. Los autores romanos, Hobbes y Kant utilizaban el término como sinónimos de “Estado” y “estado social”. El primero en distinguir filosóficamente entre el Estado y la sociedad civil fue Hegel, tanto en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas como en sus Principios de filosofía del derecho. En su concepción de la Eticidad moderna, reconoce con claridad tres instancias éticas de interacción humana: aquella en la que la sangre y el afecto mutuo es el fundamento de los vínculos humanos (la familia); el ámbito de las relaciones socioeconómicas desarrolladas en el mundo del trabajo y del mercado (sociedad civil) y los espacios de deliberación y decisión políticas (el Estado). Para Hegel y los hegelianos del siglo XIX - en el pensamiento de Marx, la visión hegeliana de la sociedad civil es aplicada sin mayores cambios - se trata del espacio en el que se plantea el conjunto de conflictos de interés y necesidades, y de los vínculos pre-políticos de solidaridad particular (corporaciones) y pública (policía).

El tercer concepto de sociedad civil corresponde la definición actualmente en uso en la filosofía política contemporánea. Es también el enfoque que goza de consenso al interior de las teorías de la democracia y el que subyace a nuestras polémicas cotidianas en la arena pública. En un sentido posthegeliano - republicano o cívico-humanista - se llama “sociedad civil” al conjunto de instituciones cívicas y asociaciones voluntarias que median entre los individuos y el Estado. Se trata de organizaciones que se configuran en torno a prácticas de interacción y debate relacionadas con la participación política ciudadana, la investigación, el trabajo y la fe; constituyen por tanto espacios de actuación claramente diferenciados respecto del aparato estatal y del mercado. Las Universidades, los colegios profesionales, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades religiosas, etc., son instituciones de la sociedad civil. La función de estas instituciones – desde un punto de vista político – consiste en articular corrientes de opinión pública, de actuación y deliberación ciudadana que permita hacer valer las voces de los ciudadanos ante el Estado en materia de vindicación de derechos y políticas públicas. Ellas buscan configurar espacios públicos de vigilancia contra la concentración ilegal del poder político (y económico).

Al Estado compete la administración del poder, la sociedad civil debe velar porque el Estado no desarrolle políticas autoritarias, respete la legalidad y escuche las voces de los ciudadanos. Por otro lado, la actividad crítica de sus instituciones puede ponerle límites a las pretensiones de lobbies económicos por influir en el ámbito del Estado para imponer en la legislación y en las medidas del ejecutivo el sello de sus intereses particulares. En un sentido importante, la sociedad civil constituye el lugar propio de la política activa en un sentido clásico, dado que configura el espacio desde el cual los ciudadanos participan – a través de la palabra y la acción – de la construcción de un destino común de vida. A través de sus instituciones – y la mayoría de nosotros pertenece al menos a una de ellas - podemos influir en las decisiones de los políticos y del Estado. La presencia de ciudadanos organizados en las instituciones de la sociedad civil permite que los asuntos públicos no queden exclusivamente en las manos de una cúpula de gobierno o de un grupo de políticos profesionales. La ciudadanía comprometida combate así los brotes autoritarios – sutiles o gruesos, como los de la funesta década de los noventa - implícitos en la lucha partidaria o gubernamental por el poder.

Desde hace algunos años – en una época que coincidía con la lucha contra el fujimorato desde la propia sociedad civil – los sectores conservadores han cuestionado el rol de la sociedad civil en la política moderna. Desde algunos artículos con pretensiones académicas, hasta columnas de opinión escritas desde las almenas del antiguo y el "nuevo" Expreso, Correo y el inefable La Razón, han intentado una y otra vez simplificar el carácter y alcances de la sociedad civil, así como su relevancia para la reconstrucción de la democracia peruana. Ellos identifican sin más la sociedad civil con las diversas organizaciones no gubernamentales que operan en nuestro país (organismos de Derechos Humanos, asociaciones de promoción social y cultural, entre otras instituciones que jamás han gozado de sus simpatías), insinuando su desconexión con el ciudadano de a pie. En otro tiempo, se sugirió que estas organizaciones podrían representar “los oscuros intereses de ideologías foráneas”. Hoy, se preguntan a quiénes simplemente representan. Mientras los presidentes y parlamentarios representan al conjunto de sus electores, los investigadores y activistas de las ONGs – y por extensión, a los miembros de la sociedad civil, pues esta es el objetivo real de la crítica – no representan a nadie[3].

No voy a detenerme en el caso específico de las ONGs, que merecería un artículo aparte. Sólo señalaré que es importante resaltar la labor decisiva de muchas de ellas en la defensa de los derechos de los peruanos más desfavorecidos en el Perú. Las insinuaciones contra ellas la mayoría de las veces simplemente son fruto del prejuicio y la ignorancia. No obstante, es preciso señalar que ellas no constituyen la sociedad civil, sólo son una parte de ella. Creo sin embargo que es necesario tomar al toro por las astas y enfrentar la objeción conservadora en contra la sociedad civil, tomarla en serio y responder a ella, a pesar de la mala fe que lleva implícita. Considero que la crítica encierra un grave malentendido, que revela la profunda ignorancia que padece este punto de vista respecto de las formas y escenarios de la ciudadanía democrática.

La lógica de las instituciones democráticas no se agota en la representación. Ese es el caso de las autoridades del gobierno y el de los congresistas. En virtud de los procesos electorales que los erigen como tales, ellos tienen el deber de transmitir en los fueros del Estado las propuestas y preocupaciones de sus votantes. Sin embargo, ello no impide que los ciudadanos puedan – y acaso deban – intervenir directamente en la deliberación cívica y en la configuración pública. Ellos tienen derecho a intervenir en la discusión política, a vigilar y criticar la conducta de las instituciones estatales en una democracia. Algunos políticos e intelectuales comsideran que la “actividad política” se reduce a la labor de los partidos políticos y sus líderes; al ciudadano común no le quedaría otra cosa que dedicarse a sus deberes laborales y familiares y cruzar los dedos para que los “políticos” hagan “bien” su “trabajo”. Ello no genera otra cosa que prácticas autoritarias veladas, y pérdida de libertades cívicas. Representación y participación ciudadana son dimensiones necesarias y complementarias en una democracia. La sociedad civil no pretende usurpar la labor de los partidos o de las autoridades, sino ofrecer espacios para la práctica política ciudadana. La pregunta “¿ A quién representan los ciudadanos que actúan desde las instituciones de la sociedad civil?”, no es una buena pregunta, en el sentido que no ha sido pensada con rigor. Cuando el ciudadano interviene políticamente, desde o en la sociedad civil, no representa a nadie – no a la manera de los parlamentarios o los partidos – o mejor, se representa a sí mismo en tanto agente social y político. No necesitamos ser elegidos para actuar como ciudadanos. Sin el soporte de la praxis ciudadana, la representación puede derivar en el “tutelaje” de las autoridades estatales, de ciertas instituciones sociales, o de los partidos políticos. El ciudadano puede optar por participar en el debate político sin que nadie pretenda hablar por él.

No es difícil percatarse de cuán decisivo para la concreción de las libertades políticas la existencia de la sociedad civil. Ella configura espacios ciudadanos para la crítica y el compromiso cívico directo. Frente a la vocación administrativa del Estado, y los peligros que ella conlleva - la corrupción y el autoritarismo, por ejemplo - el espíritu vigilante de la sociedad civil constituye un elemento necesario para mantener el aparato estatal y a las organizaciones partidarias en el cauce democrático. Esta tesis llama nuestra atención acerca de la importancia fundamental de la disposición del ciudadano común frente a la actividad política. Contrariamente a lo que suele pensarse, su interés por la participación o su renuencia a intervenir en los asuntos públicos genera consecuencias decisivas en lo relativo a la solidez de las instituciones democráticas o en su defecto, al reciclaje de los dictadores corruptos que han lacerado nuestra corta vida republicana. Como tantas veces en la historia, el futuro de la democracia está en las manos de sus ciudadanos y no exclusivamente sobre los hombros de la autodenominada “clase dirigente”. Nuestro reto estriba en estar dispuestos a ejercer plenamente nuestra condición de actores políticos.

[1] Voy a recurrir en este texto a trabajos previos sobre el concepto de sociedad civil que he elaborado para el Glosario de términos desarrollado por el Grupo de Apoyo a la CVR .
[2] Confróntese por ejemplo, Hernando, Eduardo ”¿Y ahora quién podrá salvarnos?: ¿la Sociedad Civil ola Sociedad Anónima?” Deconstruyendo la legalidad Lima, PUCP / ADP 2001 pp. 213 – 238. Allí se confunde sistemáticamente el sentido hegeliano – marxista con el concepto republicano, que desarrollaré en un momento.
[3] Esa fue la crítica esbozada por Francisco Tudela en un breve libro editado por el Parlamentoal final de la década pasada. Véase Tudela, Francisco Libertad, globalización y políticas nacionales Pie de Imprenta: Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2000.

Corrupción y control democrático Por Gonzalo Gamio

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La importancia de las Humanidades en la construcción de ciudadanía democrática Por Gonzalo Gamio

Este es el texto de la Lección Inaugural del año 2008 enl a Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que dicté el 12 de marzo. El tema es El cultivo de las Humanidades y la construcción de ciudadanía. Se trata de una defensa de la educación humanista en tiempos en los que proliferan las universidades empresa. La educación universitaria tendría que estar comprometida con una ética de la justicia y de la empatía implícita en una democracia sólida.

'¿Qué nos pasa? ': "Crisis moral" y acción ciudadana Por Gonzalo Gamio

Cada vez que se interroga sobre una especie de diagnóstico sobre la situación del país, la expresión “crisis moral” aparece reiteradamente. Por supuesto, la interpretación de los sentidos y consecuencias de esta supuesta crisis varía sustancialmente. Es posible que los conservadores señalen que la crisis está motivada por la “ausencia de la doctrina correcta” (religiosa y/o política) como motor de la acción, o por la “falta de carácter o de convicciones” de las "élites". Es posible que los liberales den cuenta de este trance en términos de una crisis de institucionalidad o en términos de falta de libertades políticas. Que algo anda mal en nuestra sociedad es algo que nadie duda.

Hace unos días, a la salida de clase, un preocupado estudiante expresaba esta inquietud con claridad meridiana: tenemos un presidente de la República que finalmente se ha librado de la justicia acogiéndose a la prescripción de los delitos que eran materia de acusación; el ministro de Educación que satanizaba a quienes objetaban la propuesta del Tercio Superior, había sido expulsado de una universidad por desaprobar masivamente sus cursos; un cardenal que se expresaba de manera soez sobre el valor de los Derechos Humanos (o sobre la Coordinadora de Derechos Humanos, la otra variante de esta frase resulta igualmente poco feliz y nada cristiana); un empresario "moderno" propone públicamente desalojar a balazos a los trabajadores huelguistas que protestaban en el puerto; el ex presidente que prometió “honradez, tecnología y trabajo” ahora está siendo juzgado por institucionalizar la corrupción y ordenar – o encubrir – delitos de lesa humanidad. La pregunta ineludible es ¿Qué nos pasa?

Lo primero que le dije es que ¿Qué nos pasa? constituye una buena pregunta, una pregunta bien planteada, porque ella nos involucra como agentes políticos en las situaciones que el muchacho lamenta. ¿Qué pasa aquí? Es una pregunta impersonal, que podría formularse un espectador, que interroga acerca de lo que sucede en ‘el escenario’ (como cuando preguntamos en el teatro lo que mueve a Shylock a plantear las cláusulas de su trato con Antonio de una manera tan siniestra). Lo que sucede en la arena política o en el espacio público es nuestro asunto - tiene efectos sobre nuestra vida y la de los nuestros -, y debemos responder por ello. Evidentemente, la responsabilidad tiene niveles y grados, pero es evidente que la que le compete al ciudadano no es poca. Si las cosas están así es en parte porque nosotros lo permitimos, a pesar de que el sistema constitucional ofrece canales y posibilidades de vigilancia y fiscalización cívica. Si han logrado hacerse del gobierno autoridades políticas no son idóneas, es parcialmente porque las hemos elegido (evidentemente, para explicar este fenómeno tendríamos que agregar a lo dicho algunas consideraciones del orden de la injusticia estructural, soy consciente de la complejidad del asunto); si los ministros pretenden imponer medidas insensatas o los empresarios se sienten libres de sacar sus demonios interiores en declaraciones públicas es porque los ciudadanos no ponen coto – tanto discursivo como político – a tales excesos. Si los pastores emiten sin reparo alguno juicios que están reñidos con el espíritu de la Iglesia (y con el espíritu del Evangelio) es porque los creyentes no protestan ante ello invocando ese mismo espíritu. Proyectar sobre uno mismo los diferentes matices del problema contribuye a esclarecer en qué medida nuestro silencio es con frecuencia cómplice de la conducta autoritaria, de la incorporación de malas prácticas e incluso de la trasgresión de la ley.

Esta crisis no es nueva, probablemente sea tan antigua como nuestra vida republicana: describirla como una simple “crisis de crecimiento” revela solamente una completa estrechez de miras y una total ausencia de perspectiva histórica en el análisis. Dejémonos de caricaturas. Nuestras autoridades no van a cambiar de actitud sólo porque los aplaudimos o los abucheamos desde las gradas; nuestras instituciones no se harán más fuertes por el sólo hecho de que deseamos que así sea. El repliegue de los individuos fuera de los marcos de la civilidad hace posible que las autoridades (o nuestros compatriotas y vecinos, o incluso nosotros mismos) aderecen el trance social que afrontamos sin resistencias ni cuestionamientos. El caso de la crisis política es elocuente. Ella puede formularse en términos de un círculo vicioso: los ciudadanos comunes no intervenimos en la política porque consideramos que esta es sucia, pero la política permanece sucia precisamente porque los ciudadanos comunes no intervenimos en la política. Los partidos políticos – con todas sus deficiencias y limitaciones -, y las instituciones de la sociedad civil constituyen espacios para la acción común y la vigilancia del poder. Asumamos nuestro rol de actores, no finjamos ser meros espectadores frente a lo que acontece en los espacios públicos. Quizá debamos acostumbrarnos a visualizarnos a nosotros mismos como parte del problema, o como parte de la solución.

Derechos Humanos: más que una mera "ideología" Por Gonzalo Gamio

Ayer domingo en La República, Carlos Castro - el subdirector del diario –publicaba una nota, titulada “Los guardianes del Chino”, en la que reproducía el siguiente diálogo entre el juez San Martín y un miembro del Grupo Colina:

“¿Usted no intentó rebelarse ante una orden de matar a otras personas? Preguntó el doctor César San Martín, presidente del Tribunal penal especial –que procesa al ex dictador Alberto Fujimori–, al ex agente Colina citado como testigo en el juicio. “Doctor, era una orden, qué podía hacer", respondió el sicario. "Sí pero, le reitero, era una orden de matar. No se trataba de un operativo cualquiera". "Y qué quería, doctor, para nosotros se trataba de un trabajo, como cualquier otro trabajo. Y sólo teníamos que cumplirlo, y hacerlo lo mejor posible".

Estas declaraciones revelan con claridad meridiana los sentimientos de un agente especial de un grupo de exterminio que presuntamente contaba con el aval de la dictadura a la que servía, así como gozaba del respaldo de parte del sistema político y militar. En el registro de cierta Fuerza Armada renuente a la modernización y al sometimiento al poder civil – me estoy refiriendo estrictamente a la que actuaba en los años noventa bajo las ‘directivas’ de Fujimori y Montesinos – las dudas y las murmuraciones no contaban como expresiones legítimas frente a la orden de eliminar al “enemigo” (aún el enemigo que no representa una amenaza en circunstancias precisas: el que está desarmado, maniatado, amordazado, etc.). No significa nada para el testigo -¿Por decisión personal? ¿Por “formación doctrinal” y “profesional”? ¿Por ambas cosas?- el hecho que, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el principio de obediencia debida (“lo hice porque recibí órdenes de mis superiores”) no priva de responsabilidad al perpetrador de homicidio y tortura. Tales órdenes deben ser desobedecidas, más allá de los contextos de su recepción.

Esta regla básica forma parte de la cultura de los Derechos Humanos, entendida como un conjunto de construcciones sociales y consensos interculturales destinados a proteger la vida y dignidad de toda persona humana, más allá de su raza, cultura, religión, género, sexualidad, condición física y mental, situación legal, etc. Se trata de una conquista histórica post-holocausto (Rorty). Ella pretende evitar a toda costa que se repita el escándalo del genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas. Más allá de su fuente liberal (lockeana), la Declaración de 1948 fue resultado de las consultas hechas a representantes de diferentes disciplinas humanas, religiones y culturas con el único fin de acabar con la crueldad y la barbarie. Si por “ideología” entendemos el “discurso conceptualmente viciado, puesto al servicio de los intereses de un grupo de personas”, entonces los Derechos Humanos no expresan una “ideología”, sino una forma consistente de universalismo moral, un signo de civilización. Desde luego, esa perspectiva nos permite someter a crítica aquellos intentos por convertir los Derechos Humanos en una herramienta para el control geopolítico o la agresión bélica, por ejemplo. No es difícil descubrir aquellas formas de instrumentalización e hipocresía a pequeña o a gran escala.

La cultura de los Derechos Humanos apunta a formar el juicio crítico de la persona – aquella capacidad que Sen llama “agencia” o “razón práctica”- de modo que no consienta más que alguna autoridad política o religiosa pueda reprimir su libertad de elegir sus proyectos de vida, o les invite a someter a otros individuos por razón de género, casta o status social. Esta forma de universalismo busca desmantelar la siniestra tesis de que la eliminación extrajudicial de personas – culpables o inocentes – es “un trabajo más” que algunos tienen que realizar “eficazmente”. El mayor enemigo de esta cultura es la deshumanización. Por desgracia, los prejuicios que alimentan esta funesta actitud no han sido erradicados del todo. Este es uno de los objetivos fundamentales de la educación moral y el debate ciudadano en este siglo.

La hipótesis democrático-liberal de que todas las vidas cuentan y de que no hay muertos ajenos dista mucho de haber calado hondo en nuestra comunidad política. Basta ver lo que algunos vándalos han hecho con el memorial El Ojo que Llora, no sin el agrado y la anuencia de parte de nuestra (autodenominada) “clase dirigente” y el beneplácito de algunos vecinos. Incluso hay quienes sin rubor alguno se proclaman demócratas y sostienen que no creen en la existencia de Derechos Humanos que protejan a las personas. Un frecuente interlocutor virtual sostenía en un comentario a una de las entradas a mi blog (la que sigue es una cita textual): "Eso de creer que todos tienen Derechos Humanos nunca lo terminé de digerir. Yo soy una persona normal como todas que tienen sentimientos y pasiones: creo que hay personas -como los terroristas y los criminales- que por sus actos pierden esos Derechos Humanos y esa dignidad propia de los seres humanos". En su opinión, la condición humana se pierde en determinadas circunstancias (la trasgresión de la ley, la lesión del “bien común”). Una vez convertidos en pseudo-humanos – en virtud de sus crímenes – sus cuerpos pueden tornarse en objeto de tormento y ensañamiento. Para algunos, la justicia sanguinaria, vigilante del antiguo orden del universo – la díke homérica -, sigue rigiendo los destinos del hombre.

Este modo de pensar prepara el terreno para el ingreso impune de los verdugos. Bajo estos supuestos, las declaraciones – e incursiones – de los miembros del Grupo Colina (u otros afines) encuentran un terreno fértil -, fundado en la condescendencia o la complicidad de no pocos ciudadanos. La democracia no puede constituirse en un régimen viable allí dónde la metáfora del depredador y la presa (o la de verdugo y su víctima) encuentran todavía un lugar en los debates del espacio público. Importa poco el signo político de sus emisores. Mientras sigamos pensando que la vida humana puede seguir siendo sacrificada en los altares de un presunto “ideal superior” (la razón de Estado, la “Revolución”, la eficacia social, la dicha futura de la mayoría), el fantasma de la barbarie no habrá abandonado nuestra precaria comunidad política.

Nuestra falta de ciudadanía Por Susana Frisancho

No hay algo que me cuestione e indigne más que ver en el día a día la falta de ejercicio de sus derechos (y deberes) ciudadanos que es común en muchos peruanos.

Primer ejemplo:
El primero de Enero me fuí a la playa. Allí, mucha gente dormía la borrachera del día anterior, o seguía aun tomando. El asunto es que en una playa en la que está prohibido andar con carros por la arena habían hasta tres camionetas 4 x 4 dando vueltas por la orilla a toda velocidad, poniendo en peligro a los niños y adultos que transitaban por alli. A mi y a Susana Villarán, que estaba conmigo, nadie nos hacía caso cuando les pedíamos a esos autos que dejaran de circular. Cuando ya el asunto se tornó más serio nos fuimos a hacerle el pare a uno de ellos, el peor, el que estaba dando vueltas en la arena a velocidades impensables y peligrosas. Tratamos de levantar gente que estaba echada en la arena para ir en grupo pero nada, nadie queria moverse. Estaban durmiendo la tranca del año nuevo, o estaban simplemente muy cansados como para tomarse la molestia de preocuparse por hacer respetar su derecho a la seguridad. Algunos que estaban menos borrachos nos decían que era una barbaridad lo que hacía el carro pero aun así no quisieron comprometerse. Tuvimos que ir solas Susana y yo a tratar de impedir que esos irresponsables siguieran poniendo en peligro a los niños: estaban completamente borrachos, eran una familia en la que había una mujer mayor sobria que había sido incapaz de decirle a su pariente que no se debía manejar borracho y menos aun en la arena donde habían tantos niños. Encima esa familia inconsciente nos dijo que nos relajáramos, que nos iba a ir mal el 2008 por empezar el año renegando...

Segundo ejemplo:
Voy a poner gasolina y veo a un hombre en su carro poniendo también gasolina y hablando al mismo tiempo por celular, lo cual está prohibido pues resulta peligroso. La chica que lo atendía se lo permitía sin inmutarse. Yo inmediatamente le llamé la atención a él, pero se fué al terminar de poner su gasolina, prepotentemente hablando aun por el celular, como si nada hubiera pasado. Entonces le llamé la atención a la empleada del grifo por su falta de ejercicio ciudadano: le dije que era su responsabilidad hacer cumplir la norma, que hay un cartelito enorme que dice que está prohibido hablar por celular alli y que ella tenía que hacerlo respetar, pero solo me respondió -un poco avergonzada- que nunca le hacen caso. Y seguramente es así, le doy la razón. La prepotencia de algunos clientes debe ser intolerable. Pero eso no justifica que ella haya renunciado a ejercer su función, que haya claudicado de lo que le corresponde. Nuevamente, como en el caso anterior, su falta de capacidad para el ejercicio ciudadano ponía en peligro incluso su propia seguridad, y la de todos en el grifo.

La educación ha fracasado: forma personas incapacaces de ejercer plenamente sus derechos ciudadanos, e incapaces también de asumir a conciencia sus responsabilidades. Este es el fracaso mayor, desde mi punto de vista, de nuestros sistemas educativos.