- Informalidad médica La exaltación de la informalidad y del ingenio nacional para justificar cualquier cosa llega a límites insospechados. Ahora según el ministro de Salud es válido que los médicos operen con "herramientas adaptadas", siempre que "estén debidamente esterilizadas". Indica también que "el uso de este tipo de instrumentos es propio del ingenio que caracteriza a los galenos peruanos". Aquí, RPP. ¿Qué tal darles un poco más de recursos a los hospitales?
- Ministro taladro Según el ministro hay un doctor apodado "doctor taladro" que no tiene herramientas, pero salva vidas. Asegura que es normal, que "en cualquier país de América Latina, incluso los médicos privados, utilizan estas herramientas en su trabajo". Bueno, a ver si el ministro con los recursos que tiene hace algo efectivo en su sector...
Yo también trabajé en la CVR y también me cambió la vida. Pero de otra manera: vi pasar por mis ojos la frivolidad encubierta detrás de la “sensibilidad social”, la ociosidad del intelectual con prestigio que sólo vivía de su nombre y no avanzaba ni un carajo los capítulos correspondientes, los celos “profesionales” de los que se computaban demasiado buenos como para no ser “comisionados”. Pero también conocí gente decente, sin quienes, el Informe no hubiese salido. Así de simple. Para mí, la CVR me permitió conocer quién es quién en este mundillo de intelectuales, de izquierdosos, de “defensores de derechos humanos”. Digamos que perdí “la inocencia”, si es que acaso algo me quedaba aún.
Nunca olvidaré la porquería de informe que mandó un “periodista especialista”, que sólo eran remakes de sus artículos periodísticos, y por el que cobró miles de dólares. O del funcionario-demasiado-bueno-para-no-ser-comisionado que sólo le interesaba vestirse fashion para las fotos de las Audiencias Públicas…..
Bueno, hace poco comentamos en este espacio sobre el plagio/refrito de "La batalla por Puno", aquí. Aquí hay una evidencia escrita (al estilo de las pruebas concretas que quería el general de "La ciudad y los perros"). Alguien tiene que explicarlo.
Cuando se habla de informalidad, influencia del discurso de Hernando de Soto y en general del desbordepopulismo de los ochentas, se piensa en los micro-, pequeño o mediano empresarios. No se suele pensar en asalariados. Ni siquiera en cuentapropistas. Si se habla, por ejemplo, de Gamarra, se habla de los empresarios de esa zona. A ellos se les entrevista, a ellos se toma como referencia. Lo mismo con talleristas, artesanos, vendedores, choferes, etc. Los voceros de la informalidad son los empresarios informales, no los trabajadores informales.
El hecho que se trate de una unidad de pequeña dimensión no quiere decir que no puedan haber abusos laborales. Una familia nuclear es una unidad de pequeña dimensión. Un estudio sobre la violencia doméstica basado exclusivamente en la versión de "los jefes de hogares", hombres, sería una investigación totalmente sesgada. El resultado podría ser que la unidad familiar es un ejemplo de armonía social. Sin embargo, puede ser que la procesión vaya por dentro y nunca nos enteremos de las versiones de las esposas y de los hijos.
Es lo que ocurre cuando se propaga la imagen armónica de las microempresas exclusivamente en base a la versión de los empresarios micro. La otra realidad queda oculta. Los/as trabajadores/as asalariados/as informales quedan invisibilizados/as. Es un gran sesgo, pues siempre hay alguien más débil sobre quien ejercer el poder. Atinadamente nuestra compatriota Flora Tristán enunciaría "el hombre más oprimido puede oprimir a otro ser, que es su mujer. La mujer es la proletaria del mismo proletario".
Entonces ¿un micro-empresario no puede oprimir a sus "micro-trabajadores"? Dentro de esa "otra realidad", informal, habría "otra realidad", de postergación, oculta por una visión sesgada que exalta exclusivamente a algunos roles.
La visión sobre los temas laborales relacionados con las microempresas viene dada casi exclusivamente por la visión de los empresarios. El empresario dice que su empresa quiebra si mejora las condiciones laborales de sus contratados/as. ¿Se ha cotejado esta versión con lo que dicen los trabajadores de esa misma empresa? ¿Se ha constatado las condiciones laborales de esos trabajadores? Suena a que no. Tocaría balancear nuestra visión de este tema con la versión de los trabajadores. Claro, si se les pregunta sobre estos temas con el empresario delante, uno no puede sino esperar respuestas no creíbles tipo "sí-bwana" a todo. Hay que ir más allá.
Es paradójico, pues cuando habla un sindicalista del sector formal se dice que lo hace en representación de menos del 2% de la población económicamente activa. En cambio cuando habla un empresario, cualquiera que sea la dimensión de su empresa, supuestamente sí lo hace en representación del 80% de la PEA, que es informal.
Este tipo de sesgo es muy notorio en este artículo y el siguiente especial de los periodistas Marco Antonio Vásquez y María Isabel Torres de la Ventana Indiscreta de Cecilia Valenzuela:
Aquí hay una clara manipulación.
1. Se dice que se va entrevistar a expertos, sindicalistas, micro y pequeño empresarios, pero sobre todo a trabajadores informales. En realidad, estos últimos hablan fugazmente en este especial:
i) Periodista: ¿Alguna vez ha estado en planilla en alguna empresa? Trabajadora: No.
ii) Periodista: ¿Cómo gana usted aca? ¿Le dan un recibo o la plata en la mano? Trabajadora: La plata en la mano.
iii) Trabajador en planilla: Ya llevo ya tiempo ya ocho años. Periodista: ¿Acá? Trabajador en planilla: Acá. Periodista: Te han [incomprensible] tu planilla. Trabajador en planilla: Sí. Periodista: ¿Hace cuánto? Trabajador en planilla: Ya hace dos años recién.
iv) Voz en off: "Obviamente, cuando le consultamos a varios trabajadores en varios sectores"
Periodista: ¿Te puedo hacer una entrevista? Trabajador: Claro.
Voz en off: todos dijeron "sí", pues ellos nunca han tenido algún beneficio".
v) Periodista: Te gustaría digamos continuar así, pero estar en un papel. Trabajadora: Claro que sí.
El grueso del especial no se hace en base a lo que dicen los trabajadores, a quienes entrevistan con el empresario delante provocando respuestas muy breves. Además, en la pregunta crucial, sobre la ley, los trabajadores les habrían dicho "sí", pero no muestran esas entrevistas....Visto así, todo es muy armonioso e ideal. ¿Cómo habrían cambiado las respuestas de haberles hecho las preguntas en privado y sin ser identificados?
2. Se pone como voz autorizada a expertos en el tema, pero sólo de una orientación. Por ejemplo, se entrevista al Sr. Gonzalo Prialé, Presidente de la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional. Este caballero es un gran empresario agroexportador, afiliado a Unidad Nacional, aparecido como tal en otras ocasiones en La Ventana Indiscreta (ver aquí y aquí) y nombrado por el gobierno como responsable de una comisión para la privatización de las cárceles peruanas (ver aquí y aquí). Posición respetable y legítima, pero que no debería serle ocultada a los televidentes, para que saquen sus conclusiones, y que hubiera debido ser balanceada con una opinión opuesta.
3. Al micro-empresario entrevistado el periodista abiertamente le sonsaca la respuesta. Y curiosamente, este mismo micro-empresario usa exactamente las mismas palabras propuestas por el periodista.
Escena 1: Minuto 5:01. Periodista: ¿Qué pasaría si usted a los muchachos que no están en planilla como ellos les dice, saben qué no me importa, todos acá planilla, qué pasaría? Micro-empresario: "Por buena gente me tumbo mi empresa. Así de sencillo. [Corte] Me quedaría sin liquidez en determinado tiempo".
Escena 2: Minuto 8:00. Micro-empresario: Quiero tener a los muchachos con todas las condiciones ¿no? pero la realidad me impide hacerlo. No podría yo asumir los costos para tenerlos formalmente. Periodista: O sea, no es que usted no quiera, sino que no puede. Micro-empresario: Exactamente. Periodista: ¿Qué pasa si usted los mete a planilla? [Corte] Micro-empresario: Caramba. Simplemente funcionaría una o dos semanas, unas tres, pero después no podría ya cubrirlos. Periodista: O sea que por buena gente se tumbaría la empresa. Micro-empresario: Exactamente.
La Escena 1 se repite tal cual en el minuto 11:13.
¿Cómo así en una escena el periodista introduce lo de "buena gente" y en otra el micro-empresario adopta esas palabras para responder categóricamente? ¿Por qué se cortan las imágenes? Suena a un reportaje ensayado, guionizado.
Es delicado poner el asunto en términos de "buena gente". Las condiciones laborales en las microempresas pueden ser muy duras para los trabajadores. En el mismo especial se ve que los dos trabajadores que están en planilla son visibles y están delante, pero los que no están en planilla están atrás y no se los puede ver.
Y más aún, el enunciado "por buena gente liquido el negocio" lo suelen manifestar todos los empresarios: macro, grandes, medianos, pequeños, micro, nano. Todos. Hasta en las más grandes empresas (por ejemplo las grandes mineras que operan bajo altos precios de los minerales tienen a un gran porcentaje de sus trabajadores fuera de planilla) se escucha decir que si mejoran las condiciones laborales inmediatamente quiebran. Resultado: no es un enunciado creíble para los trabajadores.
4. Falacias:
"Yo le pregunto al señor Huamán: ¿si no hubiera micro empresa, pequeña empresa habría sindicato? No habría sindicato y a quién va a fastidiar entonces", expresó el dirigente de Gamarra, Diógenes Alva.
El tema es que la micro, pequeña empresa no es la que suele tener sindicato. Huamán le podría responder "¿cuál sindicato?" y hablar de la desprotección que sufren los trabajadores de las empresas de pequeña dimensión. Y por supuesto, notemos que el "dirigente de Gamarra", que habla como si en esa zona hubiera sindicatos, es un empresario, no es un/a trabajador/a asalariado/a de alguna empresa informal.
5. Los sindicatos obviamente temen que el régimen de las micro y pequeñas empresas se generalice a las grandes, con lo cual se rebajan las vacaciones, indemnización por despido arbitrario, a la tercera parte y el subsido del estado quién sabe cuánto durará. La aspiración de todo trabajador es estar en planilla y tener un trabajo estable, protegido del despido mediante la indemnización, con las vacaciones legales. Si la planilla no da esos beneficios, ¿cuál es el incentivo para querer estar en planilla? Recortar esa aspiración no ayuda a lograrla. Nadie realiza su sueño abandonándolo.
En el mismo especial no es que el microempresario diga "ahora con esta ley sí formalizo a estos otros dos trabajadores". Simplemente dice, "es una ayuda". Queda por ver si este incentivo cumple con su objetivo y hay en la práctica un incremento sustancial de la formalización laboral en el país.
Finalmente, será mejor leer directamente el artículo de Pedro Francke y no juzgarlo sólo por lo que de él diga Cecilia Valenzuela.
Actualización: Una cosa más. Notemos que el micro-empresario entrevistado tiene a dos trabajadores en planilla y a dos fuera de planilla. ¿Por qué tiene a dos en planilla bajo una formalidad completa, cara, rígida, si nadie lo obliga a hacerlo? Podría tenerlos fuera de planilla. ¿Los formaliza por "buena gente"? Lo más probable es que esos trabajadores tengan otras oportunidades en el mercado laboral y el micro-empresario tenga que otorgarles los incentivos para retenerlos. Después de haber estado años trabajando en esa micro-empresa, ocho años el técnico, y no se sabe cuánto el ingeniero (pero notemos que es un ingeniero, es decir, personal cualificado) esos trabajadores tienen que recibir incentivos. Sin que nadie lo obligue, sin que el gobierno intervenga, el empresario les tiene que dar protección laboral (y seguraemente pagar más). Si no hubiera esos incentivos, los trabajadores se van a otras empresas o fuera del país. Los otros dos trabajadores podrán pasar a planilla bajo la nueva ley de Mypes, pero con el paso del tiempo querrán tener beneficios totales y no parciales. Ojalá que vuelvan a entrevistar este micro-empresario dentro de un año; a ver qué pasó con estos trabajadores, si los formalizaron y si los dos que ya estaban en planilla siguen ahí...
Según lo que dice Valenzuela, Francke sería un mentiroso, porque, obviamente, los informales no reciben gratificaciones. Se puede debatir ampliamente sobre lo que dice Francke, en cuanto es discutible el la cuestión de si es aceptable reducir beneficios laborales para formalizar más empresas o no, pero lo que es completamente indiscutible es que Francke en ningún momento dice que quienes van a perder beneficios son los que actualmente están de informales..
Ver el comentario completo.
Efectivamente, Francke no dice que los informales perderán gratificaciones. De lo que sí dice resaltaré este párrafo:
Hagamos un cálculo: ¿cuánto puede ganar una empresa que tiene 300 trabajadores, subdividiéndola en cuatro y acogiéndose a la nueva ley? Para un obrero que gana mil soles mensuales, la empresa se ahorra dos mil soles anuales (que pierde el trabajador). Si son 300 trabajadores, la empresa se ahorra 600 mil soles anuales.
Definitivamente, la subdivisión de empresas grandes y medias ocurre. La nueva ley es un evidente incentivo a esta subdivisión...
Lo que también dice, y seguramente causó la reacción descalificadora de Valenzuela es
Los trabajadores han ido perdiendo beneficios y sus salarios están estancados en medio del mayor crecimiento económico de nuestra historia, porque están siendo avasallados políticamente.
Esto puede cambiar si los trabajadores hacen oír su voz, fuerte, como lo han hecho más de una vez en el pasado.
Es esto lo que puede hacer que, en contraposición a lo dicho Alan García, el 10 de julio sea distinto al 9.
Es esto lo que el gobierno teme del Paro Nacional.
Efectivamente, el empleo formal ha aumentado, pero los salarios están estancados. Lógicamente, hay malestar laboral...
Un especial de "Cuarto Poder" sobre la biopiratería:
Mi comentario es que en el Perú la piratería es buena cuando nosotros nos copiamos CDs, DVDs o libros, es decir tecnología, pero es mala cuando nos piratean la riqueza cultural o biológica, es decir tecnología. ¿En qué quedamos?
Tal vez una idealización de la cultura de la informalidad nos ha hecho perder de vista la importancia de defender legalmente nuestros derechos.
Nueva York, abril 2007. (Hacer click para ampliar imagen). En una farmacia se puede encontrar a un notario público, una persona como cualquier otra, que lo único que tiene que hacer es compulsar un documento, dar fe que la copia es verdadera.
Hace poco escribía con César Martinelli sobre Las ganancias de la formalización. Hay en el país todo un esfuerzo por simplificar los trámites, lo cual es positivo. Sin embargo, aquí nos topamos con intereses creados. Te cobran tanto por el papel, tanto por tal servicio, tanto por firmar, te demoran, etc., etc. El mundo no se cae si se eliminan todos esos trámites y, por lo tanto, aquellos servicios que no están creando valor alguno, sino ralentizando el crecimiento de la productividad en el país. Otras economías funcionan perfectamente, y mejor, sin ellos...
Comentario: Hace unos años vi las imágenes de una batalla campal y de una gran cantidad de comerciantes, incluyendo a alguien disfrazado de Bolognesi, impidiendo un desalojo en Santa Anita. Un grupo de personas que invade una propiedad pública no tiene otra opción que ser desalojada. Lo contrario es que el estado y sus dependencias claudiquen en la defensa de bienes de propiedad pública ante intereses privados. Así no es la cosa. Si estas personas hicieron inversiones, lo hicieron por su cuenta y riesgo. No se les debe compensar por eso. Tomaron una decisión de inversión bajo incertidumbre .... y perdieron. Así es la cosa.
No es creíble que no hubieran sabido que se trataba de una propiedad pública. Y así no hubieran sabido..... Si estafan a alguien vendiéndole la plaza San Martín, eso no quiere decir que el estado, la municipalidad de Lima, deba compensarle devolviéndole el dinero que pagó. Esa sería una señal equivocada que animaría a los estafadores a tomar propiedades que no son suyas y a particulares que creen que poco a poco pueden ir quedándose donde no deben.
Lamentablemente, la transferencia de bienes de propiedad pública ha sido tolerada durante muchas décadas y ha constituído un gran mecanismo de transferencia de recursos desde el estado a algunos particulares. Quien es desalojado se siente discriminado y se pregunta ¿por qué a otros sí y a mí no? En países ricos se dan transferencias monetarias. En un país pobre como el Perú se permite el uso de los bienes públicos como las calles, para vendedores ambulantes y combis, y los bienes de propiedad pública como el desierto que rodea a Lima, para que los migrantes construyan sus viviendas (ahí están los tres casos que analizara Hernando de Soto y sus coautores en El Otro Sendero hace veinte años). Pero claro, invadir una infraestructura como un mercado ya es demasiado. Todo tiene su límite, incluso la informalidad.
Se tiene que establecer en forma consistente el cumplimiento de las normas, sin excepciones. Si se permiten invasiones como la de Santa Anita, el problema sólo se posterga, se agranda y se dan señales contradictorias, muy peligrosas, a la población, llegándose a situaciones de violencia como las que lamentablemente se avecinan....
Publicado en forma algo abreviada en Gestión el miércoles 18 de abril de 2007. Versión completa a continuación
El mensaje de Hernando de Soto y su equipo en el Instituto Libertad y Democracia (ILD) es muy conocido: reducir las barreras de entrada a la formalidad trae grandes beneficios potenciales en términos de alivio a la pobreza y de crecimiento económico. El énfasis particular de De Soto y el ILD en la entrega de títulos de propiedad ha tenido una acogida muy favorable en la profesión económica – desde el trabajo de Coase sobre el costo social en 1960, una parte creciente de la profesión económica ha entendido la importancia crucial del sistema legal (y en particular de una asignación precisa de los derechos de propiedad) en el buen funcionamiento del mercado. Lo que ha sido, al menos hasta ahora, poco conocido, es el punto de vista de los críticos domésticos del ILD y en particular el Colegio de Notarios del Perú. Un libro reciente “La Construcción del Derecho de Propiedad” por Webb, Beuermann y Revilla, remedia esta deficiencia. El mensaje de Webb y sus coautores es que los beneficios de los programas de titulación no son tan grandes como anuncia De Soto. En el presente artículo sostenemos que no basta con evaluar los beneficios de una política pública, sino que también hay que evaluar los costos – un aspecto crucial pero ausente en este debate. Es posible que los beneficios de los programas de titulación no sean tan grandes como anuncia Hernando de Soto; sin embargo, si los costos de poner en práctica una política son muy pequeños, la sociedad seguirá ganando con ella. Desde un punto de vista teórico, es presumible que una política de abaratamiento de la formalidad arroje ganancias sociales no negativas. Los opositores de las políticas de simplificación administrativa tendrían que demostrar que dichas políticas arrojan pérdidas sociales si pretenden ser persuasivos.
Una contribución indiscutible de De Soto y el ILD al debate económico ha sido el describir en “El Otro Sendero” las grandes barreras de entrada a la formalidad y los altos costos de dichas barreras para los países en desarrollo. La consecuencia práctica de esta descripción es relativamente simple: al eliminar las barreras de entrada a la formalidad habrá grandes ganancias en inversión y productividad. Veinte años después de la edición en castellano de su libro, hay ya una experiencia ganada en políticas de reducción de barreras de entrada y se puede pasar de las recomendaciones a la evaluación de dichas políticas. Es en la evaluación de políticas donde el equipo de Hernando de Soto ha sido menos activo. La mayor parte de las evaluaciones las han hecho académicos y organizaciones multilaterales. Basadas en ellas el ILD ha realizado cálculos de ganancias de la titulación simplificada relativamente ambiciosos, posiblemente más orientados por un criterio de márketing que por un criterio académico. Contra estos cálculos ha reaccionado el gremio de notarios y el equipo encabezado por Richard Webb.
Para realizar una evaluación de impacto, como cualquier otro estudio económico, se necesita hacer supuestos, no siempre muy realistas. Sin embargo, todo estudio serio suele brindarnos una moraleja útil. Por ejemplo, los trabajos de Erica Field y Máximo Torero, aludidos en el debate entre el ILD y el equipo de Webb, se propusieron estudiar los efectos de los programas de titulación y en particular el COFOPRI. Para ello hicieron el supuesto cauteloso de que un título otorgado por el COFOPRI no tiene impactos sobre los hogares que disponen de algún otro título de propiedad. A partir de este y otros supuestos exigidos por los datos disponibles, se encontraron con resultados que tal vez muy pocos – incluyendo a De Soto – anticipaban: los programas de titulación, al dar mayor seguridad a las familias, aumentan la participación de las mujeres en la fuerza laboral y reducen las tasas de fertilidad. Una posible explicación es que las viviendas se convierten en una inversión segura y las familias dependen menos del número de hijos como refugio seguro para la vejez. En cambio, Field y Torero no encuentran un impacto mayor de los programas de titulación en el acceso al crédito de las familias beneficiadas, el canal a través del cual muchos, incluido el ILD, hubieran esperado un impacto positivo de dichos programas. Estos hallazgos han sido corroborados en otros contextos por otros autores, como Schardgrodski y Galiani en la Argentina.
El libro de Webb y su equipo está dedicado a cuestionar los resultados econométricos de autores académicos como los citados como “poco plausibles, poco cautelosos, poco transparentes”, “no corroborados por entrevistas personales o estudios antropológicos”, “no generalizados y sólo válidos para un segmento específico de la muestra”. De un equipo de economistas se habría esperado un mejor trabajo econométrico, que supere a los autores y autoras que critican, no un cuestionamiento al trabajo aplicado en sí, usando algunas estadísticas descriptivas. Efectivamente, el libro de Webb tiene todo el sabor y la gracia de una consultoría contratada por un gremio que se siente atacado.
En suma, los beneficios de la formalización podrían no ser tan grandes como anuncian las notas de prensa del ILD. Incluso en ese caso, mientras los costos de la formalización sean bajos y las ganancias sean no negativas, se justifica incentivar la formalización. La investigación económica aplicada encuentra, por un lado, beneficios positivos significativos de la formalización en aspectos no esperados por De Soto (como la oferta laboral femenina y la fertilidad) y, por otro, beneficios no significativos en aspectos resaltados intensamente por De Soto (como el acceso a crédito). Es decir, la formalización trae beneficios significativos, aunque no los anunciados inicialmente por De Soto. Las investigaciones aplicadas motivadas por someter a prueba las hipótesis de De Soto hoy cobran vida propia y nos indican los nuevos rumbos a seguir.
Por su parte, Webb y su equipo tendrían que demostrar teórica y empíricamente que la titulación simplificada es perjudicial para la sociedad, cosa que no hacen – ni francamente vemos cómo podrían hacer. Ni siquiera lo ponen en esos términos: se limitan a relativizar el concepto de formalidad y a descalificar el trabajo de De Soto. En el intento por negar los beneficios de la formalización rechazan los resultados de la investigación económica aplicada tanto nacional como internacional. Por tal motivo, al ILD no le ha sido muy difícil desbaratar los cuestionamientos de una consultoría que se pone a contra-corriente no sólo de los avances en políticas públicas de formalización, sino también de la investigación económica de las últimas décadas.
Actualización: El lector y la lectora interesados pueden descargar los dos libros, del Colegio de Notarios y del ILD, como algunos materiales relacionados, en estos enlaces:
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